Península de Magallanes: Garay defendió el proyecto y confirmó que llevará el expediente a Diputados

Después de varios días de cuestionamientos y pedidos de información por el Decreto Provincial 915/26, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, salió públicamente a defender el procedimiento realizado para el proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes y aportó algunos datos que hasta ahora no habían sido difundidos oficialmente.

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“Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente”, afirmó Garay en declaraciones difundidas este viernes por el Gobierno de Santa Cruz. El funcionario cuestionó lo que consideró “desinformación” alrededor del proyecto y rechazó las versiones que señalan que la Provincia está entregando tierras o habilitando construcciones por fuera de las normas vigentes.

El pronunciamiento llega después de que el tema ingresara a la Cámara de Diputados, fuera planteado en el Concejo Deliberante de El Calafate y generara reclamos y pedidos de información de entidades vinculadas al turismo y el comercio, además de particulares.

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24 cabañas y un máximo de 60 camas

Uno de los principales datos aportados por Garay está relacionado con las dimensiones del emprendimiento.

Según explicó, el proyecto contempla un complejo turístico sobre un predio privado de 20 hectáreas, dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes. Allí se proyectan 24 cabañas, con una capacidad máxima total de 60 camas, además de espacios comunes y senderos.

El dato permite comenzar a precisar el alcance del denominado “Master Plan Ecocentro”, mencionado en el Decreto 915/26 pero cuyos detalles habían sido uno de los principales interrogantes planteados públicamente durante los últimos días.

El decreto, publicado el lunes 22 de septiembre, autoriza de manera excepcional la operación de venta de un inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU para la implementación de ese proyecto. La norma aclara que la excepción es “por única vez” y que no podrá utilizarse como antecedente para futuras solicitudes similares.

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Garay afirma que el estudio ambiental fue aprobado en 2024

Otro de los puntos sobre los que existían pedidos de información era el procedimiento ambiental.

Garay aseguró que la empresa presentó el estudio de impacto ambiental en 2023 y que éste fue aprobado en 2024, luego de la intervención de los organismos correspondientes. 

El Decreto 915/26 efectivamente señala que el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. También establece que su habilitación, ejecución y funcionamiento quedan sujetos al cumplimiento de la normativa ambiental, territorial y de conservación, las restricciones del Plan de Manejo y las medidas que dispongan el CAP y otros organismos competentes. 

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Garay agregó que existirán exigencias específicas para el tratamiento de efluentes y la prevención de incendios, y aseguró que el Consejo Agrario realizará controles para verificar el cumplimiento de las condiciones autorizadas.

La información aportada por el funcionario responde parcialmente a algunos de los interrogantes planteados durante los últimos días, aunque todavía resta acceder al estudio ambiental y al expediente para conocer en detalle el procedimiento, las evaluaciones realizadas y sus condiciones.

El proyecto original tuvo que ser modificado

Garay también aportó otro dato sobre el proceso previo. Explicó que la primera propuesta presentada por la empresa no cumplía con las condiciones establecidas en el Plan de Manejo, motivo por el cual el CAP solicitó modificaciones.

Según su explicación, posteriormente fueron presentadas diferentes alternativas hasta llegar a una propuesta que el organismo consideró compatible con la normativa vigente.

El presidente del CAP recordó además que el actual Plan de Manejo de la Península fue aprobado en 2022, durante la anterior gestión provincial, después de un proceso que incluyó estudios, modificaciones y participación pública. El documento oficial efectivamente corresponde al Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península Magallanes 2022-2027.

“Son tierras privadas”

Garay también respondió a uno de los puntos que generó confusión desde que se conoció el decreto: la propiedad de las tierras.

Afirmó que los inmuebles involucrados pertenecen al dominio privado desde hace más de seis décadas y señaló que los títulos fueron transferidos por la Provincia durante la década de 1960.

Según los datos brindados por el funcionario, el Área Natural Protegida Península de Magallanes comprende unas 38.900 hectáreas, de las cuales solamente un porcentaje minoritario permanece bajo dominio público.

En este punto, el Decreto 915/26 tampoco dispone una venta de tierras fiscales: autoriza excepcionalmente una operación privada entre Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate SAU, como adquirente.

El CAP llevará el expediente a Diputados

La otra novedad relevante es la respuesta al requerimiento formulado por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Garay confirmó que el Consejo Agrario Provincial concurrirá a la Legislatura para presentar el expediente y brindar explicaciones.

Según anticipó, participarán además técnicos de Áreas Protegidas y profesionales de los equipos legales y técnicos del organismo, quienes expondrán la documentación y responderán las consultas de los legisladores. 

La presentación permitirá acceder a información que hasta ahora no se encuentra disponible públicamente en forma completa y contrastar los datos brindados por Garay con las actuaciones administrativas y ambientales que respaldaron tanto el proyecto como la excepción dispuesta mediante el Decreto 915/26.

La respuesta del titular del CAP abre así una nueva instancia en una discusión que durante los últimos días pasó de los reclamos públicos de El Calafate al ámbito institucional: ahora el expediente deberá llegar a la Legislatura y quedar expuesto a las preguntas de los diputados.