Ante un planteo de la defensa de las familias ocupantes, el juez de la causa negó resolver a favor de la prescripción del delito por lo que tuvo que suspender la medida para que una instancia superior resuelva el debate jurídico.
Las personas que ocupan el autodenominado “asentamiento 23 de abril” de El Chaltén también plantearon que no cometieron delito de usurpación y que en todo caso este ya prescribió. Convocaron a la misma abogada que defiende a las familias de La Aldea.
Las familias que ocupan ese hotel denuncian que funcionarias les advirtieron que si son desalojados y no tienen donde vivir sus hijos quedaran en “resguardo”. El padre de una niña con discapacidad dijo “nos hacen la cabeza para meternos miedo”.
La situación fue advertida por la madre de una menor que mantenía contacto con el sospechoso mediante redes sociales. Se inicio una investigación, en el marco de la cual se dispuso una restricción de acercamiento, ordenándose la exclusión del hombre del lugar que ocupaba dentro del predio, el cual además tiene una orden de desalojo para el próximo 30 de abril.
El juez notificó a los ocupantes que deben dejar los dos predios usurpados de El Chaltén. A la Policía de Santa Cruz le ordenó que el 30 de abril produzca los desalojos si a esa fecha los sitios no están liberados. Comenzaron reuniones de coordinación. Entre los demandados hay varios extranjeros.
A poco más de un mes que se venza el plazo dado por la justicia, la defensa de las familias ocupantes del hotel La Aldea de El Chaltén, pidió la suspensión del desalojo. Consideran que no se cumplen los requisitos para el delito que se les imputa y que de ser así, este prescribió.
El hecho ocurrió afuera de una escuela de la localidad de El Chaltén. Un hombre acusó a otro, a los gritos, de haber abusado sexualmente a su propio hijo y dando detalles de los supuestos aberrantes hechos. Fue delante de niños. El hombre quedó absuelto en un juicio. Piden intervención de la Justicia y de Niñez.
La justicia local resolvió el procesamiento con prisión preventiva del joven de 21 años, quien se entregó a las autoridades la semana pasada. El magistrado consideró acreditado, con el grado de probabilidad, que el imputado efectuó múltiples disparos en dos sectores de la ciudad durante la madrugada del 28 de febrero. También se le trabó un embargo de bienes por 5 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron en El Calafate cuando la niña tenía unos 6 años y el denunciado tenía 17. La causa investiga los abusos que el joven cometía a su pequeña prima. Dos años después de la denuncia, el actual juez de la causa resolvió el procesamiento con prisión preventiva.
Los documentos fueron secuestrados durante el allanamiento realizado en la sede municipal de El Chaltén. Es para determinar quiénes son las personas responsables del sistema de tratamiento de residuos ante la posibilidad de imputaciones de delitos. La Prefectura también tomó doce muestras de agua y suelo.
La causa es por el enterramiento de residuos urbanos en un lugar no permitido, lo que podría estar contaminar el suelo y un rio del Parque Nacional Los Glaciares. La Unidad Fiscal ordenó un allanamiento realizado por la Prefectura cuyos efectivos secuestraron documentos y tomaron muestras.
El juez Carlos Albarracín dictó el procesamiento de un hombre de 29 años por el robo ocurrido en un drugstore de la avenida Libertador. Se trata del joven que se entregó la semana pasada, sobre el que también ordenó un embargo de bienes por dos millones de pesos.
Carlos Alberto Albarracín, actual titular del Juzgado de Instrucción Nº1 en lo Penal y del Menor de El Calafate, quedó en el primer lugar del orden de mérito del Concurso Nº106 del Consejo de la Magistratura. El mismo es para cubrir un cargo en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. Su posible designación dejaría nuevamente sin un juez a esta localidad, mientras se comienza un nuevo proceso para sustituirlo.
La causa se inició en 2022 tras la denuncia de la madre de una menor, quien era su pareja. El proceso atravesó demoras y cambios de jueces en el juzgado local. Se trata de un ex funcionario de la SEMNAF local y la declaración se realizaría por videollamada, ya que el denunciado se fue de El Calafate luego de la denuncia.
El joven de 21 años que se entregó este sábado fue llevado de inmediato a indagatoria en el Juzgado de Instrucción de El Calafate. Se negó a declarar y fue trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá detenido mientras el juez Carlos Albarracín define su situación procesal.
Tras casi nueve años de investigación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos inició este martes el juicio oral contra cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, acusados por su supuesta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, que costó la vida de sus 44 tripulantes. La causa pone el foco en el mantenimiento deficiente de la nave y decisiones tomadas antes de su última navegación.
La justicia local los consideró coautores de un “homicidio en ocasión de robo” ocurrido en la madrugada del 1° de enero. La investigación reconstruyó cómo fue el violento asalto y la mecánica de la muerte con el detalle de las pruebas que los incriminan. Podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión. También se trabó un embargo de bienes por 20 millones de pesos cada uno.
El Juez de Instrucción Carlos Alberto Albarracín dictó el procesamiento con prisión preventiva contra Emiliano Moreno por el delito de estrago doloso, en el marco de la causa que investiga los incendios ocurridos en la madrugada del 27 de diciembre. La medida se tomó tras cumplirse los plazos de detención dispuestos por la Justicia.
El segundo detenido en la causa compareció este lunes ante el juez Carlos Albarracín y decidió guardar silencio. Al igual que su coimputado, solicitó la excarcelación, que deberá ser resuelta en las próximas horas. La de Torrentes ya fue denegada.
El primer detenido por el caso de la muerte de Pablo Ruffino declaró hoy ante la justicia. Reconoció haber estado en el lugar, pero negó haberlo matado. El segundo detenido fue convocado a indagatoria para este lunes. El defensor de ambos ya pidió la excarcelación de los detenidos.
El único imputado en la causa por el incendio de la vivienda y el vehículo del oficial de bomberos Mauro Cardozo, fue llamado a indagatoria este lunes, pero se negó no prestar declaración. Se encuentra imputado por "estrago doloso" y la justicia tiene un plazo de diez días para resolver su situación procesal, mientras seguirá detenido, ahora en calidad de "comunicado".
La queja planteada es para que se revise el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó el fallo de primera instancia que suspendió la apertura de un camino que ejecuta la Administración de Parques Nacionales. Para hacer la presentación debieron hacer una colecta para enfrentar el costo económico.
La imputación contra Duniesky Martínez Águila surgió en el marco de otra causa judicial iniciada en 2023. El juez Carlos Alberto Albarracín concluyó que no existió delito y falló a favor del médico, quien no pudo ejercer durante los últimos dos años y fue chofer de turismo, entre otros oficios que realizó para sostenerse.
Es el caso del hombre que estuvo procesado 8 años por supuestos hechos de abusos a su hijo, los que en juicio no tuvieron ninguna prueba. La madre del niño también había denunciado “violencia” expediente aun pendiente de resolución en el juzgado civil de El Calafate.
El ejemplar fue hallado por un vecino, quien compartió la imagen con Señal Calafate. Desde el Consejo Agrario explicaron que se trata de una Lamprea Patagónica, una especie poco común de ver, pero presente en la región. "Es un pez parásito de otros peces", explicaron.
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz debe reglamentar una ley aprobada en el 2024 que contempla permisos para alumnos que padecen diabetes y capacitaciones para los docentes. Una resolución que pide al gobernador que avance en su aplicación también está paralizada en diputados.
La crisis habitacional de El Chaltén deja a los gobiernos en un panorama de intentar atender urgencias como el posible desalojo judicial de 150 personas y la necesidad de enviar mensajes a la comunidad sobre que se trabaja en todos los frentes, sin poder dar soluciones inmediatas. Detrás, la falta de tierras disponibles para familias. Acciones e informaciones dividen a vecinos.