Señal Calafate
Con una nueva mayoría en funcionamiento, el cuerpo judicial dictó en su última sesión una serie de medidas de fuerte impacto político e interno, orientadas a auditar la gestión de los recursos públicos y acelerar los tiempos procesales.
Revisación de nómina de los últimos empleados ingresados a las diferentes oficinas y de los empleados que residen fuera de Santa Cruz, y conocer el estado de los números contables, y pedir la conciliación obligatoria para que cese el paro del gremio, son las principales definiciones institucionales que dejó el primer Acuerdo Extraordinario (N° 3.741) del nuevo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz.
Las medidas se dieron en la primera reunión en la que el vocal Gabriel Nolasco Contreras Agüero asumió como nuevo presidente del máximo tribunal, hasta el 31 de diciembre de este año, como informó señalcalafate.com.
Esta nueva conformación institucional se consolidó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabara de forma definitiva el conflicto de poderes en la provincia, un hecho clave que analizamos en nuestro artículo anterior: "La Corte Suprema validó la ampliación del TSJ de Santa Cruz y destrabó el conflicto institucional".
En la oportunidad también se eligió al vocal Daniel Mauricio Mariani como el representante ante el Consejo de la Magistratura.
1. Fin a los ingresos directos y revisión de designaciones recientes
A partir de una propuesta de la nueva conducción, el TSJ dispuso que, de cara al futuro, todo ingreso de personal al Poder Judicial deberá realizarse indefectiblemente mediante concursos abiertos y públicos de antecedentes y oposición, terminando con las incorporaciones discrecionales. En sintonía con esto, se intimó a la Dirección de Recursos Humanos a entregar en un plazo de 48 horas hábiles un informe detallado de todas las altas de personal que se registraron en medio de la transición y la tensión institucional, específicamente entre el 26 de septiembre de 2025 y el 18 de mayo de 2026.
2. Lupa sobre los fondos, contratos y licitaciones
El Punto 4° del acta activó una auditoría total sobre las finanzas de la justicia provincial. El TSJ citó de manera urgente al Administrador General, CPN Fernando Ortiz de Zárate, para que rinda cuentas detalladas sobre la ejecución presupuestaria vigente, las obligaciones financieras existentes y la evolución de la masa salarial de magistrados y empleados. El requerimiento exige también precisiones sobre los contratos de locación activos, el estado real del parque automotor oficial y el listado de todas las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas celebradas durante los ejercicios 2025 y 2026.
3. Investigación a empleados radicados fuera de Santa Cruz
Otra de las determinaciones del cuerpo (Punto 8°) ordena a la Administración General y a Recursos Humanos confeccionar, en un plazo máximo de tres días hábiles, un relevamiento estricto sobre aquellos funcionarios o empleados que perciben haberes del Poder Judicial de Santa Cruz pero que se encuentran prestando funciones o realizando actos institucionales en entes radicados fuera del territorio provincial, especificando el costo presupuestario que implica cada caso.
4. Ultimátum por demoras en las sentencias
Para dar respuesta a los reclamos por la parálisis en los tribunales, el cuerpo judicial fijó plazos perentorios (que van de los 3 a los 10 días hábiles) para que las Secretarías del TSJ, las Cámaras de Apelaciones de todas las circunscripciones y los Juzgados de Primera Instancia presenten informes detallados sobre causas en trámite, recursos de casación pendientes y demoras en el dictado de fallos, ordenando priorizar de forma inmediata aquellos expedientes que involucren a personas privadas de su libertad.
5. Conciliación obligatoria en el conflicto gremial
La sesión también expuso la primera discrepancia interna bajo la nueva mayoría del cuerpo. Frente al conflicto laboral que mantiene paralizadas las dependencias, la presidencia propuso solicitar al Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. Esta medida contó con el rechazo explícito de las Dras. Mercau y Fernández, y del Dr. Basanta, quienes argumentaron que la herramienta no correspondía bajo el marco de la Ley N° 3022 y las actas paritarias vigentes, sugiriendo en su lugar una instancia de arbitraje. No obstante, el pedido de conciliación terminó imponiéndose por mayoría y los oficios ya fueron librados a la cartera laboral.
Con este conjunto de medidas de control, el TSJ inaugura un período marcado por la fiscalización interna y la revisión integral de la dinámica administrativa que venía arrastrando la justicia santacruceña.
