La Corte Suprema dejó firme el decomiso de casi $685 mil millones en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves el monto del decomiso que deberá ejecutarse sobre los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los demás condenados en la causa conocida como "Vialidad", al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas.

Con la resolución del máximo tribunal quedó ratificada la suma de $684.990.350.139,86, que deberá ser afrontada de manera solidaria por los nueve condenados en el expediente por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De esta manera, la Corte no abrió la instancia extraordinaria y dejó firmes las resoluciones dictadas por las instancias inferiores.

Entre los recursos rechazados se encontraba el presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que cuestionaba el mecanismo utilizado para actualizar el monto originalmente fijado para el decomiso. También fue rechazado el planteo de la defensa de Lázaro Báez, que sostenía que esa etapa del proceso debía tramitar ante otro tribunal por su condena en la causa conocida como "Ruta del Dinero K".

El monto original del decomiso había sido establecido tras la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en diciembre de 2022. Luego de que la condena quedara firme, el tribunal ordenó actualizar esa cifra mediante un peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, con participación de peritos de las defensas y del Ministerio Público Fiscal.

La actualización se realizó aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC para el período comprendido entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, lo que elevó el monto desde aproximadamente 84.000 millones de pesos hasta casi 685.000 millones.

El decomiso constituye una de las consecuencias patrimoniales de la condena por administración fraudulenta y tiene como finalidad recuperar para el Estado el valor económico del perjuicio determinado por la Justicia.

Con esta resolución de la Corte Suprema, el monto actualizado quedó firme y la Justicia podrá continuar con la ejecución del decomiso sobre los bienes alcanzados por la medida, en el marco del cumplimiento de la sentencia dictada en la causa Vialidad.