Señal Calafate
La Justicia resolvió declarar prescripta la acción penal en parte de la causa iniciada por la ocupación del ex hotel La Aldea de El Chaltén, inmueble que permanece habitado por decenas de familias desde la pandemia.
La decisión judicial se conoce pocos días después de un fallo similar en la causa vinculada al asentamiento 23 de Abril, donde el Juzgado de Recursos de Río Gallegos consideró que el delito de usurpación debe interpretarse como un delito instantáneo de efectos permanentes y no como un delito permanente, criterio que modifica el cómputo de los plazos de prescripción.
En el caso de La Aldea, la resolución beneficia a ocupantes para quienes pudo acreditarse la fecha de ingreso al inmueble, ocurrido entre 2020 y 2021 durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Al haber transcurrido más de tres años desde esos hechos, la acción penal quedó extinguida para esos casos.
Sin embargo, la medida no implica el cierre total del expediente. Según conoció Señal Calafate, la causa continúa vigente para otras personas cuya fecha de ingreso aún no pudo determinarse de manera fehaciente. En algunos casos, la Justicia tomó como referencia relevamientos y censos realizados en el edificio para establecer cuándo comenzó la ocupación.
La resolución también mantiene vigente la orden de desalojo que pesa sobre el inmueble. No obstante, esa medida solo podría aplicarse respecto de quienes no estén alcanzados por la prescripción de la acción penal o en aquellos casos donde posteriormente se logre acreditar una fecha de ingreso diferente.
El conflicto por La Aldea se arrastra desde hace varios años. El edificio, propiedad de la firma Los Sauces, comenzó a ser ocupado durante la pandemia en medio de la crisis habitacional que atravesó El Chaltén. Actualmente residen allí más de un centenar de personas, entre ellas familias con niños y personas en situación de vulnerabilidad.
Meses atrás, el Juzgado de Instrucción de El Calafate había rechazado un planteo de prescripción y ratificado la vigencia del desalojo, aunque suspendió temporalmente su ejecución hasta que existieran condiciones adecuadas para llevar adelante la medida.
La nueva resolución representa un cambio de criterio similar al que recientemente favoreció a ocupantes del asentamiento 23 de Abril y podría tener incidencia en otros expedientes vinculados a ocupaciones de inmuebles en la provincia.
