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De la condena a 11 años de cárcel a la libertad inmediata.
Un empresario quedó en libertad por decisión de las máximas autoridades de la Justicia de Santa Cruz. Estaba en prisión con una condena de 11 años por matar de cinco disparos a un vecino que lo fue a increpar a su negocio en medio de un conflicto por un terreno. Fue decisión de jueces con acuerdo de fiscales quienes consideran que fue un exeso de la legítima defensa.
Señal Calafate
En un insospechado e impactante giro judicial para la provincia de Santa Cruz, el comerciante de Río Gallegos, Roberto Neil, recuperó su libertad tras haber sido condenado a 11 años de prisión efectiva por la muerte de Franco Cuevas.
La decisión de liberarlo de forma inmediata fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras una audiencia de casación, dejando sin efecto la pena impuesta a fines de 2025.
El hecho
Fue el 21 de junio de 2023 en Río Gallegos. Aquella mañana se produjo un violento enfrentamiento dentro del predio comercial/concesionaria de Neil llamada “Oasis”, lugar al que se presentó Franco Cuevas.
El altercado, motivado por desavenencias previas, escaló rápidamente hasta un intercambio que incluyó el uso de un arma de fuego. Cuevas recibió cinco disparos que le provocaron la muerte.
Desde el comienzo, la defensa sostendría que Neil actuó repeliendo una agresión en un contexto de legítima defensa, mientras que la querella y la fiscalía acusaron al empresario de homicidio.
La condena de 11 años
El 25 de noviembre de 2025, la Cámara Criminal / Tribunal Oral N° 1 de Río Gallegos (integrado por los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Yamila Bórquez) condenó a Roberto Neil a 11 años de prisión efectiva como autor del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En ese mismo acto, los magistrados le revocaron la prisión domiciliaria y ordenaron su detención inmediata.
Aquel veredicto no había sido unánime; mientras Vila y Bórquez respaldaron la condena, el juez Jorge Yance emitió un voto en disidencia que presagiaba las diferencias jurídicas sobre la calificación del hecho. La defensa de Neil, liderada por la abogada Mariana Barbitta, recurrió de inmediato la sentencia ante el máximo tribunal provincial apelando a la legítima defensa.
¿Por qué quedó libre?
Ayer 20 de octubre de 2026, tras una extensa audiencia de casación en el Tribunal Superior de Justicia, la situación procesal dio un giro absoluto.
Durante el debate de casación ocurrieron dos aspectos claves:
1. El planteo defensivo: La abogada defensora ratificó la versión de la legítima defensa, argumentando que Neil repelió un ataque inminente y exigiendo la absolución.
2. El cambio de la acusación pública: El Procurador General de la provincia, Eduardo Sosa, revisó la acusación de origen y concluyó que no se trataba de un homicidio simple, sino —como mínimo— de un exceso en la legítima defensa (figura que prevé una pena máxima de 2 años de prisión), e impulsó la libertad del acusado.
Al término de la sesión de deliberación, las autoridades judiciales dictaminaron la inmediata absolución y liberación de Neil.
La histórica audiencia del Tribunal Superior de Justicia estuvo supervisada por el cuerpo de vocales de la corte santacruceña, con la firma de los jueces:
Gabriel Nolasco Contreras Agüero (Presidente del TSJ)
Daniel Mauricio Mariani
Alicia de los Ángeles Mercau
Paula E. Ludueña Campos
Reneé Guadalupe Fernández
El presidente del tribunal, Gabriel Contreras, junto con el Procurador Eduardo Sosa, confirmaron que los fundamentos técnicos y los argumentos extensos del fallo que revocó la sentencia previa estarán formalmente a disposición de las partes el próximo 17 de noviembre.
El origen el conflicto
Franco Cuevas había ido a la concesionaria de Neil a reclamarle en el contexto de un conflicto por un terreno vecino al comercio, habitado por Cuevas y su madre.
La versión de la familia Cuevas: Sostenían que habían adquirido legítimamente la propiedad mediante un boleto de compraventa firmado ante escribano público, viviendo allí formalmente desde hacía años. Acusaban a Neil de haber realizado posteriormente una maniobra comercial dudosa para comprarle el lote a una heredera del antiguo dueño, buscando quedarse con la propiedad a pesar de saber que ya estaba habitada.
El empresario afirmaba haber comprado legal e intachablemente el lote contiguo a su negocio para expandir su emprendimiento, considerando a la familia de Cuevas como ocupantes o usurpadores del predio.
El detonante del 2 de junio de 2023 fue la inminencia de un orden de desalojo contra la familia de Cuevas.
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