Señal Calafate
La Justicia Federal dio a conocer este martes información oficial sobre los allanamientos realizados en El Calafate, Río Gallegos, estancias de Santa Cruz y Buenos Aires. El comunicado de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) confirma que las dos causas investigadas están relacionadas y que una de ellas involucra directamente al empresario Lázaro Báez, actualmente detenido.
La información oficial representa un avance respecto de los primeros datos conocidos durante la mañana, cuando se desarrollaron numerosos procedimientos, entre ellos el allanamiento de la vivienda de Báez ubicada sobre la Costanera de El Calafate.
Según el comunicado, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la PROCELAC, el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez ordenó más de veinte allanamientos, múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos.
Uno de los puntos centrales del comunicado es la confirmación de una investigación sobre la posible existencia de una organización encabezada por Lázaro Báez.
De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura se habría dedicado a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.
La investigación surgió como un desprendimiento de otra causa relacionada con el tráfico de estupefacientes.
La Justicia también señala que uno de los posibles integrantes de la organización vinculada a Báez sería, al mismo tiempo, líder de la presunta banda dedicada al narcotráfico en Santa Cruz.
Este dato confirma que existe una conexión entre ambas investigaciones, aunque se trata de expedientes diferentes.
La otra causa investiga la presunta existencia de una organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista.
Según el comunicado, estas maniobras se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025.
La distribución de la droga habría estado a cargo de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero donde presuntamente se realizaban las entregas del material.
Durante la mañana de este martes se conocieron allanamientos en un lavadero de camiones, un lubricentro y distintas viviendas de Río Gallegos, en el marco de los procedimientos desplegados por las fuerzas de seguridad.
Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda de Lázaro Báez, ubicada sobre la Costanera de El Calafate.
Señal Calafate estuvo en el lugar y registró el despliegue de Gendarmería Nacional, con efectivos, camionetas y un camión utilizado durante el operativo.
La propiedad tiene antecedentes judiciales. Allí Báez cumplió prisión domiciliaria desde julio de 2024 hasta junio de 2025, cuando fue trasladado nuevamente a una unidad penitenciaria luego de que quedara firme su condena por lavado de activos.
La vivienda también había sido allanada en 2016, durante las investigaciones de la denominada Ruta del Dinero K.
Ahora, diez años después, vuelve a ser escenario de un procedimiento judicial, en el contexto de una nueva investigación que involucra al empresario.
La Unidad Fiscal confirmó que, como resultado de los operativos iniciados el lunes 9 de noviembre y que continuaron este martes, se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados en ambas causas.
Además, se ordenaron múltiples medidas cautelares patrimoniales, incluyendo embargos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas involucradas.
Las medidas fueron solicitadas por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, debido a la complejidad de las investigaciones y para garantizar su desarrollo, las próximas novedades serán comunicadas a través del portal oficial fiscales.gob.ar.
Las investigaciones continúan y las hipótesis expuestas por la Fiscalía deberán ser acreditadas en el proceso judicial.
