Señal Calafate
La publicación del Decreto Provincial 915/26 abrió una discusión que en pocos días comenzó a extenderse por distintos ámbitos de El Calafate y Santa Cruz. A los primeros cuestionamientos públicos y al debate que llegó a la Legislatura Provincial y al Concejo Deliberante local, se sumaron pronunciamientos de organizaciones vinculadas al turismo y la actividad empresarial, además de presentaciones realizadas por particulares.
El decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal estableció una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” a una restricción vigente para posibilitar la transferencia de un inmueble privado de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, sociedad argentina cuyo accionista es ASB Hospitality LLC, constituida en Emiratos Árabes Unidos. La operación está vinculada con el denominado “Master Plan Ecocentro” en la Península de Magallanes.
La primera reacción pública conocida en El Calafate fue la del exdiputado provincial y exguardaparque Oscar Bellini, quien reclamó conocer el expediente y los estudios vinculados al proyecto. Posteriormente el tema llegó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y al Concejo Deliberante de El Calafate.
En la Legislatura, los 18 diputados presentes aprobaron un pedido al Poder Ejecutivo para acceder al expediente completo, informes técnicos, dictámenes jurídicos, estudios y otros antecedentes relacionados con el Decreto 915/26. El requerimiento estableció un plazo de entre 24 y 48 horas para el envío de la documentación.
Al momento de esta publicación todavía no se conoce públicamente si el Gobierno Provincial dará respuesta dentro del plazo solicitado por la Cámara.
Una de las posiciones más firmes fue difundida por la Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC). La entidad expresó su rechazo al decreto y centró parte de sus cuestionamientos en la falta de información y participación de la comunidad.
La asociación sostuvo que desde hace años existen proyectos e iniciativas para desarrollar actividades económicas y turísticas en la Península y consideró que esa situación exige reforzar los mecanismos de protección y control ambiental.
Además de plantear interrogantes sobre el proyecto y el procedimiento seguido, AGUISAC realizó un pedido concreto: que se entregue toda la información y que, mientras eso no ocurra, “se suspenda la ejecución de cualquier acto u omisión” que pueda afectar de manera inminente a la Península a partir del Decreto 915/26.
La entidad también cuestionó la ausencia de una instancia previa de información y participación de la comunidad de El Calafate.
Los cuestionamientos alcanzaron además al sector empresarial turístico. ACATEC ya había reclamado información sobre las características y dimensiones del proyecto, sus estudios ambientales y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse. Ayer volvió a pronunciarse.
Este viernes se sumó la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate, que manifestó su “enérgico y categórico rechazo” al decreto.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la participación que tuvieron instituciones locales durante la elaboración del Plan de Manejo de la Península y la falta de una consulta similar ante la decisión adoptada ahora por el Ejecutivo Provincial.
“Resulta inadmisible que las instituciones locales hayamos sido convocadas para aportar argumentos técnicos y sólidos en la elaboración del Plan de Manejo [...] para que hoy, de forma unilateral y a espaldas de la comunidad, se eche por tierra una reglamentación responsable”, expresó la entidad en un comunicado.
La Cámara también llevó su planteo al terreno de la seguridad jurídica y sostuvo que “el diálogo y el intercambio de ideas son los únicos caminos legítimos para el crecimiento de un destino”.
De esta manera, dos sectores directamente vinculados con la principal actividad económica de El Calafate —guías y empresarios turísticos y comerciales— se incorporaron al debate con planteos que, aunque presentan diferencias, coinciden en reclamar mayor información y participación local.
A los pronunciamientos institucionales se agregó este viernes una presentación individual. Agustín González, vecino de El Calafate y referente de Argentina Humana, realizó en Casa de Gobierno un pedido formal de acceso a la información pública para conocer los antecedentes relacionados con el Decreto 915/26.
La presentación solicita documentación sobre distintos aspectos administrativos, ambientales y territoriales de la decisión y requiere además información relacionada con ASB Hospitality Calafate S.A.U., su estructura societaria y la operación autorizada.
González pidió que la documentación sea entregada en formato digital y fundamentó su presentación en la Ley Provincial 3540 y su Decreto Reglamentario 894/17.
La legislación establece que cualquier persona puede requerir, consultar y recibir información que se encuentre en poder de organismos públicos provinciales. El procedimiento oficial establece un plazo máximo de diez días hábiles para responder, que excepcionalmente puede ser prorrogado por otros diez días hábiles mediante resolución.
En su presentación, González anticipó que, en caso de no recibir respuesta, recurrirá a las vías administrativas y judiciales correspondientes.
Con diferentes posiciones y alcances, buena parte de las intervenciones conocidas desde la publicación del decreto confluyen hasta ahora en un punto: conocer la documentación completa que permitió al Gobierno Provincial adoptar la decisión y los detalles del proyecto previsto para la Península de Magallanes.
La Legislatura lo hizo mediante una resolución dirigida al Poder Ejecutivo; entidades como ACATEC, AGUISAC y la Cámara de Comercio de El Calafate lo plantearon públicamente; y ahora un vecino recurrió formalmente al procedimiento establecido por la Ley de Acceso a la Información.
Mientras continúan los pronunciamientos, una parte central de la discusión dependerá de la información que todavía no se conoce públicamente: el expediente completo, los antecedentes administrativos y ambientales y los alcances detallados del proyecto que motivó la excepción establecida por el Decreto 915/26.
