Guido Bonelli
El Gobierno Nacional de Javier Milei se encuentra ultimando los detalles de un Decreto que modificará la Ley de Glaciares, con el objetivo de ampliar los márgenes de explotación económica en áreas hasta ahora resguardadas.
El canal Todo Noticial dio a conocer que los equipos técnicos de la Casa Rosada buscan una reducción de las zonas protegidas donde actualmente se prohíben la instalación de industrias, la exploración minera e hidrocarburífera, la liberación de productos químicos o residuos y la construcción de infraestructura no relacionada con la investigación científica.
La clave de la reforma es la restricción de la protección de las áreas cercanas a los glaciares a aquellas que sean únicamente de roca o de escombros activos.
Según adelantaron, el decreto establecerá que estas zonas deberán cumplir una serie de requisitos para ser consideradas protegidas: tener una superficie mínima de una hectárea, contar con una duración de al menos dos años, cumplir una función hídrica relevante y estar incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
El mismo canal citó fuentes del gobierno que reconocieron que hubo “presiones desde el sector empresarial” para impulsar estos cambios. La justificación oficial de esta modificación por decreto se centra en la necesidad de “darle seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que deseen instalarse en estas áreas.
La medida es coordinada por el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. En su elaboración intervinieron figuras clave como la secretaria de Energía, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y los equipos técnicos de la Secretaría de Legal y Técnica, coordinados por María Ibarzabal.
Cabe recordar que el Gobierno ya intentó modificar esta legislación, que estaba incluída en la famosa Ley Bases original del 2024, pero se quedó sin apoyo en el congreso.
Además, aquella iniciativa tuvo un amplio repudio a nivel nacional y generó repercusión internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una advertencia a la Argentina el 5 de febrero de 2024, calificando el proyecto de “regresivo”.
