Señal Calafate
El proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes y la decisión del Gobierno de Santa Cruz de habilitar excepcionalmente la transferencia de tierras a una empresa vinculada con capitales extranjeros llegaron este jueves al recinto de la Cámara de Diputados.
El tema fue planteado apenas comenzaba una nueva sesión ordinaria, a partir de una cuestión de privilegio presentada por la diputada Agostina Mora, y derivó en intervenciones de Piero Boffi y del diputado por el pueblo de El Calafate, Carlos Alegría.
El debate terminó con un cuarto intermedio solicitado por el bloque Por Santa Cruz. Al retomarse la sesión, se aprobó que la Cámara se constituyera en comisión para elaborar un proyecto de resolución destinado a requerir la documentación correspondiente al Decreto 915/26.
Agostina Mora abrió el debate planteando la necesidad de que la Legislatura pueda analizar la legalidad del decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal.
“Necesitamos traer al recinto el Decreto 915/26. Necesitamos analizar la legalidad de ese acto”, afirmó.
También solicitó la presencia del presidente del Consejo Agrario Provincial para que brinde explicaciones sobre el procedimiento y pidió conocer la documentación ambiental vinculada al proyecto.
La legisladora hizo referencia además a la legislación nacional que regula la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros y planteó interrogantes sobre su aplicación en zonas donde existen cuerpos de agua permanentes.
Más adelante, Mora recordó que en la Legislatura también se encuentra en comisión un proyecto relacionado con la adquisición de tierras provinciales por extranjeros y sostuvo que es necesario conocer “en la voz de la primera persona qué es lo que se está planificando, qué se está haciendo y dónde están los riesgos”.
Piero Boffi acompañó la necesidad de acceder a la documentación y aclaró que el planteo no implica necesariamente un rechazo a las inversiones.
“Nadie está en contra, o por lo menos hablo a título personal, de inversiones y del desarrollo turístico”, señaló.
Sin embargo, sostuvo que cualquier iniciativa debe realizarse dentro de las normativas vigentes, con los correspondientes controles y evaluaciones ambientales.
Boffi remarcó que los legisladores necesitan acceder al expediente para determinar si fueron cumplidos todos los recaudos previstos por las normas provinciales y nacionales.
También advirtió que hasta el momento pudieron consultar solamente la versión sintetizada del Decreto 915/26 publicada oficialmente y reclamó conocer tanto el decreto completo como las actuaciones que lo sustentan.
Alegría: “Tenemos más preguntas que respuestas”El diputado por el pueblo de El Calafate, Carlos Alegría, señaló que recibió numerosas consultas de distintos sectores de la localidad desde que se conoció la medida.
“Lo que hace este decreto es generar incertidumbre y, por sobre todas las cosas, tenemos más preguntas que respuestas”, afirmó.
Alegría reveló además que el 23 de junio ya había presentado una nota ante el Consejo Agrario Provincial solicitando información sobre las actuaciones y autorizaciones correspondientes a proyectos que pudieran desarrollarse en la Península de Magallanes.
“No tuve respuesta”, afirmó ante sus pares.
Ese pedido había sido realizado cuando comenzaron a conocerse públicamente datos sobre el denominado “Ecocentro de Actividades, Experiencias y Vida en la Montaña”, meses antes de que se publicara el decreto que ahora habilita excepcionalmente la transferencia de la parcela.
Alegría dijo que necesita conocer quién compra las tierras, qué pretende construir y cuáles son los estudios ambientales realizados.
El legislador recordó que la Península de Magallanes constituye un área protegida y mencionó las leyes provinciales 3466, de Áreas Protegidas, y 2658, de Evaluación de Impacto Ambiental.
“El decreto habla de que se han hecho estudios de impacto ambiental, pero la verdad que no los vemos, no sabemos dónde están. Necesitamos esa información”, manifestó.
Otro de los aspectos planteados por Alegría fue el cumplimiento del Plan de Manejo de Península de Magallanes y los mecanismos de participación vinculados al procedimiento ambiental.
El diputado sostuvo que es necesario conocer qué instancia de participación pública corresponde al proyecto y si todavía debe realizarse.
También consideró que existe una cuestión institucional detrás de la falta de información, debido a que su requerimiento como representante legislativo de El Calafate no obtuvo respuesta del Consejo Agrario Provincial.
“No es una cuestión meramente ambiental o de negocio o de acuerdos entre partes. Es también una cuestión institucional”, afirmó.
Al igual que Boffi, Alegría aclaró que su planteo no significa un rechazo a la llegada de capital privado.
“No estoy en contra de las inversiones, nuestro pueblo no está en contra de las inversiones privadas. Lo que sí necesitamos es que se hagan con reglas claras”, expresó.
En una segunda intervención, Alegría puso el foco específicamente en el mecanismo utilizado por el Gobierno Provincial.
El Decreto 915/26 no deroga el Decreto 994/17, que establece restricciones para operaciones de este tipo en áreas protegidas, sino que dispone una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” para permitir que Lacustre del Sud S.A. transfiera la Fracción G, Matrícula 186, a ASB Hospitality Calafate SAU, controlada por una sociedad radicada en Dubai.
“Entonces ahí está también el inconveniente. ¿Por qué esta única vez? ¿Y por qué con esta empresa? ¿O por qué con esta inversora?”, preguntó Alegría.
El diputado planteó además que el decreto debe analizarse frente al principio de igualdad establecido en la Constitución Provincial y a las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.
Después de las intervenciones, el bloque Por Santa Cruz solicitó un cuarto intermedio.
Al regresar al recinto se propuso que la Cámara se constituyera en comisión para elaborar un proyecto de resolución mediante el cual se solicite formalmente la documentación relacionada con el Decreto 915/26. La propuesta fue aprobada.
De esta manera, la controversia que comenzó en El Calafate por la autorización excepcional para transferir tierras dentro de Península de Magallanes ingresó formalmente a la Legislatura provincial.
El decreto conocido esta semana permite la operación inmobiliaria vinculada al denominado “Master Plan Ecocentro” y señala que el proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, aunque su ejecución deberá cumplir con las normas ambientales, territoriales, el régimen del área protegida y las condiciones que establezcan los organismos competentes.
El reclamo que atravesó las intervenciones de los tres legisladores fue precisamente conocer la documentación que permita determinar qué proyecto se pretende ejecutar, cuáles son las evaluaciones ambientales realizadas y bajo qué fundamentos el Poder Ejecutivo decidió habilitar una excepción para esta operación.
