Señal Calafate
Familias que ocupan el hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner, pidieron a la justicia no ser desalojados explicando sus situaciones sociales y argumentando que no cometieron delito y que si lo hicieron este prescribió.
Unas trece familias cuentan ahora con una abogada de parte la que realizó prestaciones en el Juzgado de Instrucción de El Calafate con la idea de frenar el desalojo que debe producirse el 30 abril.
Como informó señalcalafate.com el juez de primera instancia de El Calafate, Carlos Albarracín, ordenó que las personas que ocupan instalaciones de ese hotel abandonado en la localidad de El Chaltén, dejen el lugar, al resolver el expediente por usurpación iniciado por abogados representantes de la sociedad propietaria.
El magistrado accedió a dar un plazo de varios meses a las familias que pedían tiempo para poder cumplir con sus trabajos de la temporada turística y encontrar alternativas de vivienda en El Chaltén, localidad que vive una emergencia habitacional por falta de terrenos y casas para familias.
La última orden del juez fue que los ocupantes deben irse antes del 30 de abril y que de no ser así, el sitio debe ser desalojado por la Policía de Santa Cruz.
A poco más de 60 personas mayores de edad, que viven en el hotel que fue ocupado luego del parate de una obra de ampliación y remodelación, se les sigue una causa por el delito de Usurpación.
Luego de contar con el asesoramiento de la Defensoría Oficial, desde semanas atrás la mayoría de las familias cuenta con el servicio de una abogada particular.
La letrada Stefanía Mac Donald considera que el caso de sus representados no cumple los requisitos para considerar el delito que se les imputa, ya que a su entender, las primeras familias ocupantes lo hicieron con acuerdo de encargados de la obra, ya que algunos eran trabajadores del mismo lugar. Otras familias ingresaron tiempo después con el acuerdo de los mismos ocupantes generándose una cadena en la que no mediaron acciones de violencia o engaño para cometer un despojo, como lo indica la ley para tratar ese tipo de delito.
Fuentes de la causa indicaron que la abogada realizó presentaciones de escritos que ahora deben ser resueltas por el juez actuante, con opinión de la fiscalía.
Uno de los escritos a los que accedió señalcalafate.com, apunta a que se considere la explicación que no existe delito, y que de pensar el juez que están dadas las condiciones para encuadrarlo en el Artículo 181 del Código Penal, también debe suspenderse el desalojo por que la defensa entiende que el delito prescribió ya que la pena máxima para “Usurpación” es de 3 años, mientras que la ocupación data de un tiempo mayor.
Ahora, la fiscal subrogante Andrea Stiep debe emitir opinión y el juez Carlos Albarracín resolver sobre las presentaciones de la abogada de las familias ocupantes.
La defensa también explica que entre esos vecinos hay personas con discapacidades y con tratamiento oncológico, y que no tienen donde vivir porque la orden de desalojo no contempla una contención social.
El hotel quedó cerrado y en obra en el 2016 luego que la familia Kirchner lo comprara a sus dueños originales, cuando comenzó una obra de ampliación que nunca llegó a concretarse.
La propiedad está bajo embargo judicial por la denominada causa "Los Sauces".
