desalojo

Si bien la preescrición de la causa dictada por el juez Nélson Sánchez rige para un grupo de ocupantes, más de 30 personas siguen ligadas al expediente y serán llamadas a indagatoria. El juez Albarracín quedó en condiciones de activar nuevamente el desalojo para ellas. Preocupan los informes que advierten riesgos de desastres.

El juez interviniente ordenó la suspensión provisoria hasta que Recursos resuelva los planteos de la abogada de los ocupantes. Hace cuatro años familias empezaron a ocupar la ex cancha de fútbol de El Chaltén.

La crisis habitacional de El Chaltén deja a los gobiernos en un panorama de intentar atender urgencias como el posible desalojo judicial de 150 personas y la necesidad de enviar mensajes a la comunidad sobre que se trabaja en todos los frentes, sin poder dar soluciones inmediatas. Detrás, la falta de tierras disponibles para familias. Acciones e informaciones dividen a vecinos.

Contra reloj, por las órdenes de desalojo, el Gobierno de Santa Cruz trata de encontrar estudia una alternativa habitacional para las familias a las que la justicia les ordena que dejen los predios que ocupan en El Chaltén.  Crear una zona de chacras a 30 kilómetros del pueblo es la primera opción.

Ante un planteo de la defensa de las familias ocupantes, el juez de la causa negó resolver a favor de la prescripción del delito por lo que tuvo que suspender la medida para que una instancia superior resuelva el debate jurídico.

Las personas que ocupan el autodenominado “asentamiento 23 de abril” de El Chaltén también plantearon que no cometieron delito de usurpación y que en todo caso este ya prescribió. Convocaron a la misma abogada que defiende a las familias de La Aldea.

El juez notificó a los ocupantes que deben dejar los dos predios usurpados de El Chaltén. A la Policía de Santa Cruz le ordenó que el 30 de abril produzca los desalojos si a esa fecha los sitios no están liberados. Comenzaron reuniones de coordinación. Entre los demandados hay varios extranjeros.

A poco más de un mes que se venza el plazo dado por la justicia, la defensa de las familias ocupantes del hotel La Aldea de El Chaltén, pidió la suspensión del desalojo. Consideran que no se cumplen los requisitos para el delito que se les imputa y que de ser así, este prescribió.