Señal Calafate
La justicia provincial avanza con el desalojo de dos predios ocupados en la localidad de El Chaltén para lo cual ya ordenó a la Policía de Santa Cruz que planifique las acciones que determine su comité de crisis, segun conoció señalcalafate.com.
La orden firmada por el juez de instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín, es para que el 30 de abril la institución policial desaloje por la fuerza a los ocupantes del hotel La Aldea y del predio de la cancha de fútbol conocido como el asentamiento “23 de abril”.
Se trata de dos causas por usurpación. La correspondiente al hotel La Aldea fue iniciada por la sociedad propietaria, integrada por la familia Kirchner.
El expediente referido a la usurpación a la cancha de fútbol ubicada en el centro del pueblo fue iniciado por denuncias que realizó el municipio de El Chaltén y el Club Deportivo Chaltén cuando el predio comenzó a ser ocupado por vecinos en el 2022.
El año pasado el juez de la jurisdicción avanzó en sendas causas ordenando el desalojo y que los predios sean devueltos a sus propietarios.
Mediante las acciones de la Defensoría Oficial, los demandados consiguieron un plazo para buscar alternativa de viviendas lo que implicó que el desalojo quedara suspendido durante el verano.
En estas horas señalcalafate.com conoció que el magistrado de la causa notificó a los ocupantes que deben dejar esas instalaciones antes del 30 de abril y a la Policía de Santa Cruz le ordenó que si a ese día los sitios no están liberados, realice el desalojo.
El viernes hubo reuniones entre el juez y sus secretarios con la cúpula provincial de policía e integrantes del Grupo de Negociaciones, el que ya ha actuado en otras situaciones de desalojos.
A la reunión de El Calafate, señalcalafate.com conoció que se le sumó un segundo encuentro desarrollado en El Chaltén, en el que estuvieron, además de jefes policiales y funcionarios judiciales, representantes de la Municipalidad, Gendarmería y Migraciones.
Funcionarios de Migraciones fueron llamados al constatarse que varios de los ocupantes son personas extranjeras en diferentes condiciones de radicación.
Las órdenes de desalojos en ambas causas judiciales son para cumplirse el mismo día y generan alto impacto social.
La Policía tiene constatado que en el hotel La Aldea viven 84 personas, entre ellas 23 menores de edad. En el asentamiento autodenominado “23 de abril” hay 23 viviendas precarias, una de material, en las que viven 47 personas de las cuales 12 son menores de edad.
Las reuniones en las que el juez Albarracin confirmó las órdenes de desalojo se dieron en horas en las que la defensa de los ocupantes de La Aldea pidió suspender la medida argumentando que no está configurado el delito de “usurpación” y que ser así ya está prescripto.
