la aldea

Si bien la preescrición de la causa dictada por el juez Nélson Sánchez rige para un grupo de ocupantes, más de 30 personas siguen ligadas al expediente y serán llamadas a indagatoria. El juez Albarracín quedó en condiciones de activar nuevamente el desalojo para ellas. Preocupan los informes que advierten riesgos de desastres.

Contra reloj, por las órdenes de desalojo, el Gobierno de Santa Cruz trata de encontrar estudia una alternativa habitacional para las familias a las que la justicia les ordena que dejen los predios que ocupan en El Chaltén.  Crear una zona de chacras a 30 kilómetros del pueblo es la primera opción.

Ante un planteo de la defensa de las familias ocupantes, el juez de la causa negó resolver a favor de la prescripción del delito por lo que tuvo que suspender la medida para que una instancia superior resuelva el debate jurídico.

Las personas que ocupan el autodenominado “asentamiento 23 de abril” de El Chaltén también plantearon que no cometieron delito de usurpación y que en todo caso este ya prescribió. Convocaron a la misma abogada que defiende a las familias de La Aldea.

Las familias que ocupan ese hotel denuncian que funcionarias les advirtieron que si son desalojados y no tienen donde vivir sus hijos quedaran en “resguardo”. El padre de una niña con discapacidad dijo “nos hacen la cabeza para meternos miedo”.

La situación fue advertida por la madre de una menor que mantenía contacto con el sospechoso mediante redes sociales. Se inicio una investigación, en el marco de la cual se dispuso una restricción de acercamiento, ordenándose la exclusión del hombre del lugar que ocupaba dentro del predio, el cual además tiene una orden de desalojo para el próximo 30 de abril. 

El juez notificó a los ocupantes que deben dejar los dos predios usurpados de El Chaltén. A la Policía de Santa Cruz le ordenó que el 30 de abril produzca los desalojos si a esa fecha los sitios no están liberados. Comenzaron reuniones de coordinación. Entre los demandados hay varios extranjeros.