El juicio dilucdadá si tuvieron alguna responsabilidad en la muerte de dos niños ocurridas en el 2016 en el parque nacional Lanín. A jefes de áreas y un guardaparque se les imputa que tuvieron culpa por no prevenir el incidente, al igual que dos responsables de la concesión del camping. La mayoría de los parques nacionales cierran sus ingresos como protesta. El parque Los Glaciares se mantiene abierto.
Judiciales30/10/2023
Señal Calafate
Hoy comienza el juicio oral y público que se le sigue a cuatro funcionarios de la Administración de Parques Nacionales, acusados de Homicidio Culposo, medida judicial que es respondida por el gremio de los guardaparques con una protesta que incluye el cierre del acceso a varios parques nacionales argentinos, incluidos el mas visitado; el parque nacional Iguazú.
El juicio es realizado por el Tribunal Oral Federal de la provincia de Neuquén y permitá saber si los funcionarios tienen alguna responsabilidad en la muerte de dos niños, ocurridos en el día de Año Nuevo del 2016 cuando un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayó en el camping Lolen, ubicado en la bahía de Catritre, a orillas del lago Lacar, dentro del Parque Nacional Lanín.
La caída del árbol se produjo en momentos que cientos de personas pasaban el día en ese campin concesionado a una comunidad Mapuche.
Además de heridas a varias personas, el evento causó la muerte de Matías Mercanti, de 7 años, y de Martina Sepúlveda, de 3, hijos de dos familias amigas que disfrutaban el día.
primero actuó la justicia neuquina pero luego tomó intervención las oficinas federales, al ratarse de un caso ocurrido en territorio de jusrisdicción del gobierno nacional.
Luego de varias idas y vueltas, el expediente fue elevado a juicio oral, el que comienza hoy lunes.
El jefe de los guardaparques, Diego Lucca; el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; la jefa de Uso Público del PNL, María Hileman; y el guardaparque Matías Encina; son los cuatro funcionarios de la Administración de Parques Nacionales que están imputados.
A los empleados de Parques Nacionales se le suma Milena Cheuquepán y Juan Delgado, responsables de la concesión del camping donde ocurrieron las muertes, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca.
El debate judicial se centra en si los fyuncionarios y concesionarios conocían que el árbol estaba en malas condiciones y podía caerse, y si se hicieron caso omiso a advertencias de técnicos.
Como ya informó señalcalafate.com, el caso es tomado por el gremio de los guardaparques y la misma Administración de Parques Nacionales como una medida que ataca la función de guardaparques y de la misma insitución argumentando que la caída del árbol fue un evento natural que no podía ser previsto.
Los parques Lanín; Sierra de las Quijadas; Cardones; Quebrada del Condorito; Chaco; Perito Moreno y el área Valle Encantado en el PN Los Cardones, cierran sus ingresos hoy lunes, como modo de protesta.
El jueve cerrarán El Palmar; Monte León; Talampaya; Aconquija; Leoncito; Quijadas; Arrayanes; Huapi; Alerces; Pre-Delta; Iguazú; Iberá; Mburucuyá; Bosques Petrificados de Jaramilloy Ciervo de los Pantanos.
El parque nacional Los Glaciares, el segundo en importancia de visitantes del país, se suma a la protesta pero de manera simbólica, solo con pancartas.
Los expedientes y actas secuestradas en la administración del hospital SAMIC de El Calafate son trasladados hoy al juzgado federal de Río Gallegos. Serán sometidos a análisis de la Unidad Fiscal donde deben determinar si existio algún delito.
En un operativo realizado por la Gendarmería Nacional, ordenado por el Juzgado Federal de Rio Gallegos, se ejecutó una Orden de Presentación de documentos en el Consejo de Administración y las Direcciones de Administración y Operaciones del Hospital SAMIC. Es en el marco de una causa tramitada por el Juez Marcelo Vazques donde se investiga a la ex consejera Karen Aguilar Otey.
Fue condenado por un tribunal federal de aquella provincia en septiembre y en las últimas horas la Cámara de Casación confirmó el fallo. El caso se remonta al 7 de diciembre de 2023, cuando el joven fue interceptado en el Aeropuerto de Córdoba con 76 dosis de "La Bomba", droga sintética que pretendía traer a El Calafate.
Es el ahora conocido como “asentamiento 23 de abril”, sobre el que el juez de jurisdicción dio una orden de desalojo, la que ahora amplió con tiempo de ejecución hasta el 30 de abril. Es una medidia similar a la que se aplica para el caso de La Aldea. La causa en trámite es sobre la usurpación de un predio que era la cancha de futbol de El Chatén.
El día que se vencía el plazo dado por el juzgado la familia dejó el lugar entregando las llaves de su vivienda. Consideran clave el rol del grupo policial de Negociaciones. Ahora resta que el juez ordene el desarme de la casa y entrega de los materiales.
Bajo aviso que se empleará la fuerza policial, una familia de El Chaltén fue notificada que debe dejar de usurpar el terreno en el que instalaron su casa. En el predio funciona una instalación del servicio de agua. La orden fue dada por el juzgado de El Calafate. Interviene el equipo de negociaciones de la Policía.
En un operativo realizado por la Gendarmería Nacional, ordenado por el Juzgado Federal de Rio Gallegos, se ejecutó una Orden de Presentación de documentos en el Consejo de Administración y las Direcciones de Administración y Operaciones del Hospital SAMIC. Es en el marco de una causa tramitada por el Juez Marcelo Vazques donde se investiga a la ex consejera Karen Aguilar Otey.
Llegado el tiempo navideño, la Cámara de Hotelería y Gastronomía de El Calafate lleva adelante una nueva edición de la tradicional Amasada Solidaria. La movida comenzó hoy en la cocina de El Alambique, en el Hotel Kau Yatún. Con ingredientes totalmente donados y la conducción de chefs locales, el objetivo es superar los 1.030 pan dulces elaborados en 2024.
Al 24 y 31 de diciembre, se suman los días 26 de diciembre y 2 de enero, que caen viernes, para juntarlos con el fin de semana. La medida alcanza a toda la administración pública provincial.
Los expedientes y actas secuestradas en la administración del hospital SAMIC de El Calafate son trasladados hoy al juzgado federal de Río Gallegos. Serán sometidos a análisis de la Unidad Fiscal donde deben determinar si existio algún delito.
Así lo revelaron desde la actual conducción del hospital, al mismo tiempo que se despegaron de la polémica, asegurando que la denuncia está "vinculada a ex representantes de la jurisdicción provincial en el ámbito del Hospital, quienes no integran actualmente el Consejo de Administración. También aseguraron que se colaboró "de manera plena con las autoridades judiciales".