Señal Calafate
Para hoy viernes se espera el traslado de la documentación secuestrada en el hospital de El Calafate hacia el juzgado donde se tramita el expediente judicial que averigua la posible comisión de delitos.
Ayer jueves señalcalafate.com dio la noticia de una diligencia emanada desde el juzgado federal de Río Gallegos.
Personal de gendarmería custodia lo secuestrado y debe entregarlo al juzgado riogalleguense.
La medida consistió en que Gendarmes del Escuadrón 42 “Víctor Samuel Guerrero” de El Calafate, llegaran a las diez de la mañana al sector de administración del hospital SAMIC con una orden de Presentación de Documentación firmada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez.
La decisión judicial es uno de los primeros pasos del expediente judicial RFC 102018/2024 iniciado el año pasado por la Unidad Fiscal de Río Gallegos en base a una denuncia que indica posibles irregularidades en contrataciones y declaraciones juradas.
Si bien la denuncia se refiere a la actual funcionaria del gobierno provincial Karen Aguilar Otey (con cargo en la administración de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral (CEMNPA), quien en ese tiempo era la Vocal representante del Gobierno de Santa Cruz en el Consejo de Administración de ese hospital, la mujer no está procesada ya que la investigación esta en su primera etapa..
La representante de la Provincia dejó la vocalía en agosto del 2024 cuando presentó su renuncia.
Aunque por ahora la caratulla lleva el nombre de la ex vocal Aguilar Otey serán varios los ex y actuales funcionarios del hospita que quedan bajo la lupa de la justicia ya que el movimiento de fondos cuenta con un circito administrativo que comprende a empleados, jefes de áreas y hasta consejeros.
El fiscal federal Julio Zárate dijo a señalcalafate.com que en esta etapa se analizan diferentes elementos del expediente, entre ellos, la documentación solicitada a la administración del hospital, para luego determinar si existe algún delito penal que merezca un proceso.
Actas de las reuniones ordinarias del Consejo de Administración del período 2021 al 2024, y los expedientes 821/22 referido al contrato de alojamiento para médicos residentes y el 230/24 referente a la compra de insumos, es lo que mandó a pedir el juzgado a pedido de la Unidad Fiscal.
Con un primer secuestro de documentos no se descarta que el juzgado pueda ordenar medidas similares sobre otros expedientes de acuerdo a la necesidad de documentos y pruebas que vaya teniendo la Unidad Fiscal que ahora analizará la documentación con personal contable.
