Señal Calafate
El proyecto que busca establecer en Santa Cruz un régimen propio para controlar la extranjerización de tierras rurales dio este lunes un nuevo paso en la Legislatura provincial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales otorgó por unanimidad un antedespacho favorable al proyecto de ley denominado “Control de la extranjerización del territorio rural y protección de recursos estratégicos”, presentado por la diputada Agostina Mora y que tiene como coautores a Carlos Godoy y Carlos Alegría.
La iniciativa continuará ahora su tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales, otro de los pasos que deberá atravesar antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.
El proyecto N°450 ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de agosto y comenzó a ser analizado en comisión durante septiembre. En una de esas reuniones participó Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales, quien expuso sobre el régimen nacional y los mecanismos de control de la titularidad extranjera.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que la titularidad, posesión, tenencia o control de tierras rurales por parte de extranjeros no podrá superar el 15% de la superficie rural total de Santa Cruz, pero tampoco el 15% de la superficie de cada uno de sus departamentos.
Además, los sujetos pertenecientes a una misma nacionalidad extranjera no podrían representar, en conjunto, más del 30% de ese límite.
También se establecen máximos individuales según la ubicación de las tierras. Para Lago Argentino, Lago Buenos Aires y Río Chico se propone un máximo de 10.000 hectáreas para un mismo sujeto extranjero, beneficiario final o grupo económico. El límite sería de 20.000 hectáreas en Corpen Aike y Güer Aike y de 30.000 en Deseado y Magallanes.
Esos topes solamente podrían ser modificados mediante una nueva ley.
Otro de los aspectos centrales del proyecto apunta a los recursos considerados estratégicos.
La iniciativa establece que no se otorgaría autorización provincial para operaciones que involucren inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes considerados estratégicos, glaciares, ambiente periglacial, acuíferos o áreas de recarga hídrica.
La restricción también alcanzaría a tierras comprendidas total o parcialmente dentro de áreas naturales protegidas, reservas, parques, monumentos naturales o sus zonas de amortiguación legalmente delimitadas.
Para las tierras ubicadas en zonas costeras, de seguridad de frontera o relacionadas con recursos naturales, infraestructura crítica u otros intereses territoriales estratégicos se prevé, además, un régimen especial de autorización.
La propuesta crea un Registro Provincial de Tierras Rurales y un Inventario Georreferenciado bajo la órbita del Consejo Agrario Provincial.
Allí debería concentrarse información sobre la situación catastral y dominial de los campos, nacionalidad de sus titulares y controlantes, beneficiarios finales, pertenencia a grupos económicos y ubicación respecto de áreas o recursos considerados estratégicos.
El Consejo Agrario sería la autoridad de aplicación, aunque debería intervenir conjuntamente con organismos vinculados con Catastro, Ambiente, Recursos Hídricos, Producción, Energía, Minería, Hidrocarburos e Infraestructura, entre otras áreas.
Además, toda operación alcanzada por la futura norma necesitaría previamente un Certificado Provincial de Habilitación Territorial.
Durante la reunión de este lunes, Carlos Alegría hizo referencia a la cantidad de tierras que actualmente se encuentran en manos extranjeras en Santa Cruz.
El dato también está contenido en los fundamentos del proyecto: allí se indica que, según la última información disponible utilizada para elaborar la iniciativa, aproximadamente 1.905.000 hectáreas rurales se encuentran bajo titularidad extranjera, lo que representaría alrededor del 8,11% de la superficie rural provincial.
Los autores advierten, sin embargo, que la situación no es uniforme y señalan que el departamento Magallanes supera el 25%. Los últimos datos públicos del Registro Nacional de Tierras Rurales disponibles en el sitio oficial nacional están actualizados a agosto de 2025 y muestran que existen departamentos del país que superan el límite del 15%.
“Necesitamos incorporar un inventario donde se tenga realmente cuáles son los coeficientes de ocupación de extranjerización dentro de nuestro territorio”, sostuvo Alegría durante el tratamiento.
El diputado también planteó que las excepciones para determinadas operaciones deberían estar reguladas por ley y no depender solamente de decisiones administrativas.
Aunque se trata de un proyecto general para toda Santa Cruz y fue presentado antes de la actual controversia, durante su tratamiento volvió a aparecer el debate por las tierras de la Península de Magallanes.
Alegría hizo referencia a la necesidad de establecer mayores controles sobre operaciones que involucren recursos naturales y áreas protegidas.
“Hoy se están queriendo ofrecer tierras adentro de una zona protegida, de un área protegida”, señaló, al plantear que no debería resultar sencillo autorizar operaciones que involucren bosques, ríos o cursos de agua.
La discusión se relaciona con el Decreto Provincial 915/2026, mediante el cual el Ejecutivo autorizó por única vez una excepción al Decreto 994/2017 para una operación sobre tierras ubicadas en la Península de Magallanes, tema que en las últimas semanas generó pedidos de documentación y cuestionamientos desde distintos sectores.
Agostina Mora, por su parte, vinculó la necesidad de avanzar con una legislación santacruceña con lo ocurrido a nivel nacional con la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El DNU 70/2023 había dispuesto la derogación de esa ley, aunque una decisión de la Cámara Federal de La Plata había impedido que esa derogación quedara operativa. El escenario volvió a cambiar el 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema revocó aquella sentencia por considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción colectiva. La Corte no resolvió sobre la constitucionalidad de la derogación, pero su decisión dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU.
Mora remarcó durante la comisión que, al momento de dictarse el decreto provincial relacionado con Península de Magallanes, todavía se encontraba vigente la decisión judicial que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.
Frente al nuevo escenario nacional, la legisladora sostuvo que Santa Cruz necesita contar con un marco propio de protección y control.
Ese criterio ya estaba contemplado cuando el proyecto fue presentado en agosto: uno de sus artículos establece expresamente que la vigencia del futuro régimen provincial no dependerá de la continuidad o contenido de la legislación nacional sobre tierras rurales.
Con el antedespacho favorable obtenido por unanimidad en Asuntos Constitucionales, la iniciativa continuará ahora su recorrido por las restantes comisiones. El próximo análisis será en Recursos Naturales, antes de que pueda obtener despacho y quedar en condiciones de ser tratado por el conjunto de los diputados en el recinto.
