Mientras a nivel nacional cerca del 5 % del territorio rural está en manos de extranjeros, Santa Cruz se posiciona como la provincia patagónica con mayor proporción de tierras en propiedad de capitales foráneos. La controversia sobre la propiedad de la tierra vuelve a estar en el centro del debate público y político, entre la defensa de la soberanía y las presiones por flexibilizar la normativa que limita estas adquisiciones.
General22/01/2026
Señal Calafate
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra— pertenece a firmas o Estados extranjeros.
El informe contradice el argumento oficial de que ninguna provincia supera el límite legal del 15%: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná.
Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Advierten que derogar la Ley de Tierras no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos, lo que podría profundizar conflictos sociales.
📍 El caso de Santa Cruz
Dentro de la región patagónica, Santa Cruz se destaca como la provincia con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras. El informe técnico actualizado a 2025 indica que el 8,1 % del territorio santacruceño —alrededor de 1,9 millones de hectáreas— pertenece a inversores foráneos.
La extranjerización no es homogénea: el departamento de Magallanes, con cabecera en San Julián, presenta una proporción alarmante del 25,8 % de su superficie bajo propiedad extranjera, muy por encima del promedio provincial.
Entre los grandes propietarios no nacionales figuran grupos como Benetton (Italia), con grandes extensiones en Patagonia, así como empresas mineras de capitales canadiense o sudafricano.
Este fenómeno tiene raíces históricas que se remontan al reparto de tierras posterior a la Campaña del Desierto, pero en las últimas décadas se ha consolidado y diversificado más allá de la ganadería tradicional hacia actividades como minería, conservación privada y especulación inmobiliaria.
DATOS DE LAGO ARGENTINO
Según datos del mencionado mapa interactivo, el Departamento Lago Argentino tiene poco mas de 3,1 millones de hectareas, de las cuales 331.748 están extranjerizadas, lo que representa un poco mas del 11% de la tierra, ubicandose por encima de la media nacional.
Contexto nacional: ley, debate y tensiones
Desde 2011, la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales estableció un límite del 15 % de tenencia extranjera en tierras rurales por provincia o distrito, con reglas para restringir compras en zonas sensibles.
Sin embargo, el fenómeno de extranjerización aparece con mayor fuerza cuando se observan departamentos puntuales —no solo provincias— donde más de 30 % o incluso más del 50 % de la tierra rural puede estar bajo dominio extranjero. Casos como el departamento de Lácar (Neuquén) o zonas fronterizas del noroeste lo ejemplifican.
Este contexto se da en paralelo a iniciativas políticas recientes que buscan modificar o incluso derogar la Ley de Tierras, argumentando que las actuales restricciones desalientan inversiones productivas. Críticos de estos cambios señalan que flexibilizar el acceso al suelo rural podría acelerar la apropiación de territorios estratégicos y profundizar la pérdida de control sobre recursos vitales como agua dulce, minerales y ecosistemas frágiles.
Hacia una discusión pública más amplia
La extranjerización de tierras no es un dato estadístico aislado, sino un tema que toca la soberanía territorial, el acceso a recursos naturales estratégicos y el modelo de desarrollo del país y de provincias como Santa Cruz. Más allá de los porcentajes, el debate plantea preguntas sobre quién decide sobre espacios clave para el futuro ambiental y productivo, y cómo equilibrar la inversión con la protección del territorio y las comunidades locales.
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