Señal Calafate
Un nuevo episodio se produjo este viernes 13 de noviembre en El Chaltén, en el marco del conflicto entre el intendente Néstor Ticó y la concejal Elizabeth Romanelli, quien semanas atrás presentó una denuncia por presuntos hechos de violencia de género y hostigamiento digital.
Según informó la concejal mediante un comunicado, esta mañana se presentó en el Concejo Deliberante para participar de una audiencia pública vinculada con el loteo privado “Kaiken Sur”. Al ingresar al recinto, se encontró con la presencia del intendente, sobre quien pesa una medida judicial de restricción de acercamiento.
Romanelli sostuvo que debió abandonar la audiencia y dirigirse al Juzgado de Paz de El Chaltén, donde funciona la Defensoría Oficial. Allí, según su relato, le indicaron que realizara una denuncia por presunto incumplimiento de la medida en la comisaría local.
La situación se produce después de que la Justicia dictara medidas de protección para la concejal y su grupo familiar, a raíz de una denuncia presentada contra el jefe comunal.
De acuerdo con la información difundida por Romanelli, el juez Alberto Abel Ludueña, a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia N.º 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate, dispuso una serie de medidas cautelares en el expediente N.º 4555/2026, iniciado por una presunta infracción a la Ley Nacional 26.485.
La resolución, según el comunicado, establece una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la concejal y de los lugares que frecuenta, además de impedir el contacto directo o indirecto, ya sea telefónico, mediante redes sociales o a través de terceras personas.
También contempla restricciones para realizar publicaciones en redes sociales que involucren a Romanelli, difundir imágenes o efectuar alusiones personales, por un plazo de seis meses.
Las medidas incluyen la prohibición de realizar actos de perturbación, hostigamiento o intimidación hacia la concejal o su grupo familiar, bajo apercibimiento de las sanciones legales correspondientes.
El magistrado también ordenó, según la información proporcionada, que el Juzgado de Paz de El Chaltén constatara y certificara las publicaciones digitales denunciadas, con el objetivo de preservar elementos de prueba.
La presentación judicial fue realizada con el patrocinio de la defensora pública oficial Ornela Guidi, titular de la Defensoría Pública Oficial N.º 2 de El Calafate.
Tras el episodio de este viernes, Romanelli cuestionó a la presidenta del Concejo Deliberante, Estefanía Leyes, por la organización de la audiencia pública y por no haberle informado previamente que el intendente estaría presente.
Según indicó, Leyes había sido notificada de las medidas judiciales el pasado 22 de octubre.
La concejal sostuvo que la situación podría haberse evitado mediante una comunicación previa o una organización diferente del encuentro.
“Esto se manejó muy mal, responsabilizo directamente a la Presidencia del Concejo por el destrato hacia mi persona. Podría haber mostrado un poco de empatía ante esta situación”, manifestó.
Romanelli agregó que tampoco el personal del Concejo Deliberante habría estado informado sobre la restricción.
“Me sentaron a medio metro del agresor, me tuve que levantar e irme de mi propio lugar de trabajo”, expresó la edil, en referencia al momento en que advirtió la presencia del intendente.
Otro punto que surge del comunicado es la existencia de una presunta autorización judicial que permitiría a ambos funcionarios coincidir en determinados actos institucionales.
Según Romanelli, antes de que personal policial solicitara al intendente retirarse del recinto, el secretario de Relaciones Institucionales del Municipio manifestó que el juez había habilitado, mediante una nota, la presencia de ambos funcionarios en actos protocolares.
Sin embargo, la concejal aseguró que ni ella ni la Defensoría Oficial habían sido notificadas de esa eventual modificación o excepción a las medidas originales.
Este aspecto resulta relevante para determinar si la presencia de Ticó en la audiencia pública constituyó efectivamente un incumplimiento de la restricción de acercamiento.
Por el momento, la información difundida no incluye una copia de esa supuesta autorización judicial ni una confirmación del juzgado sobre sus alcances.
La causa judicial tiene su origen en la controversia que se produjo en octubre, cuando el intendente Néstor Ticó realizó una serie de comentarios desde su cuenta de Facebook en una publicación compartida por Romanelli sobre la situación ambiental de El Chaltén.
Entre las expresiones registradas se encontraban “buscate un trabajo honesto”, “mala gente”, “mala fama” y una referencia al aspecto físico de la concejal mediante la frase “y la papada”.
Los comentarios provocaron pronunciamientos de dirigentes políticos de distintos puntos de Santa Cruz, entre ellos diputados nacionales y provinciales, concejales y exfuncionarios.
En aquel momento, Romanelli había confirmado a Señal Calafate su intención de presentar una denuncia y había señalado que también venía sufriendo situaciones de hostigamiento digital mediante imágenes manipuladas con inteligencia artificial.
La presentación judicial derivó posteriormente en las medidas de protección informadas ahora por la concejal.
En el comunicado, Romanelli agradeció la intervención del juez Ludueña y el acompañamiento de la defensora Ornela Guidi. También expresó su preocupación por las consecuencias que pueden tener las agresiones difundidas mediante redes sociales.
El episodio de este viernes abre ahora un nuevo interrogante sobre el alcance de las restricciones judiciales y las condiciones en las que ambos funcionarios pueden participar de actividades institucionales.
La determinación de un eventual incumplimiento dependerá de las medidas vigentes, de las notificaciones realizadas y de la existencia o no de una autorización judicial específica para este tipo de encuentros.
