
El Chaltén: piden auditar casi $396 millones pagados para finalizar las 22 viviendas
Señal Calafate
La construcción de las 22 viviendas de El Chaltén vuelve a quedar bajo cuestionamiento. El concejal Ignacio Moreno Hueyo, del bloque Cambia Chaltén, anunció una solicitud de auditoría integral, contable y técnica ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, para revisar los pagos efectuados durante la etapa financiada con aportes provinciales y municipales.
Según informó el bloque, este martes presentó documentación en la Comisión de Economía del Concejo Deliberante. El análisis se concentra en el expediente municipal N.º 1225/2024 y en los certificados emitidos para la obra ejecutada por CIAPECO S.A.
El pedido comprende $395.985.537,22: un aporte provincial de $350 millones y otros $45.985.537,22 de recursos municipales. Moreno Hueyo solicita que el organismo determine si esos desembolsos se corresponden con los trabajos efectivamente realizados y si existieron responsabilidades administrativas o patrimoniales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al cambio en la base utilizada para calcular los pagos. Según la presentación, el contrato original contemplaba una actualización mediante Unidades de Vivienda (UVI), aplicada hasta el certificado N.º 15. Desde el siguiente se utilizó un presupuesto de $420.644.930,78, sin que en la documentación entregada al concejal conste el acto administrativo que lo aprobó.
El bloque también observa que las planillas oficiales de los certificados 18 y 19 consignan un avance físico mensual del 0%, aunque se autorizaron pagos por $48.594.864,88. A ello suma el certificado 20, por $17.137.120,55, que, según el escrito, carece de una foja de medición propia.
En conjunto, solicita esclarecer el respaldo técnico y contractual de esos $65.731.985,43.
Otra diferencia señalada aparece en el rubro “Pisos y solados”: la suma de los porcentajes certificados mensualmente alcanza el 125% del valor presupuestado, equivalente a $10.943.790,01 por encima de ese rubro. La presentación aclara que esto no permite afirmar un pago en exceso neto, porque podría haber errores de imputación entre trabajos. Por eso pide reconstruir las certificaciones completas.
La entrega con trabajos pendientes es otro de los puntos incluidos en el reclamo. Antes del acto formal de junio de 2025, Señal Calafate había informado que algunas familias ya estaban ocupando las viviendas, mientras permanecían sin terminar muros de contención y veredas internas contemplados en el proyecto.
Ahora, Moreno Hueyo sostiene que continúan pendientes estructuras exteriores de hormigón y el cerco perimetral. Además, indica que en la documentación suministrada no aparecen las actas de recepción provisoria o definitiva ni de finalización de obra, y cuestiona que las órdenes de pago posteriores al reinicio no registren retenciones por fondo de reparo.
La historia del plan habitacional acumula demoras y controversias. En octubre de 2022, Señal Calafate informó el comienzo de la construcción, con un plazo previsto de 18 meses y una licitación superior a los $200 millones, dentro del programa nacional Casa Propia. En 2023 también reflejó los reclamos por la falta de información sobre los criterios de preadjudicación.
Tras la paralización de los trabajos, Moreno Hueyo presentó una denuncia penal sobre la primera etapa de ejecución. Como publicó este medio en junio de 2024, el concejal cuestionaba entonces la distancia entre el avance certificado oficialmente y el que estimaba su bloque mediante un relevamiento propio.
El nuevo planteo se enfoca en los pagos posteriores al reinicio. También denuncia obstáculos para ejercer el control, entre ellos la falta de respuesta a un pedido de ingreso con un arquitecto y demoras en la entrega de las rendiciones municipales.
El bloque solicita una inspección técnica independiente, la revisión de los certificados y la determinación de eventuales responsabilidades. Asimismo, pide que, si el Tribunal detecta hechos de posible relevancia penal, remita las actuaciones a la Justicia. Las observaciones difundidas corresponden al análisis del concejal y deberán ser evaluadas por el organismo de control.


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