Señal Calafate
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes revocar el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la denominada Ley de Tierras Rurales.
La decisión tiene como consecuencia que vuelva a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737, norma sancionada en 2011 que establecía límites a la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
El tema adquiere especial relevancia en Santa Cruz y particularmente en El Calafate, donde en las últimas semanas volvió al centro de la discusión pública la cuestión de la propiedad de la tierra a partir del proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes y la autorización provincial para la venta de tierras.
Se trata, sin embargo, de situaciones distintas y el fallo conocido este martes no resuelve específicamente sobre la operación de la Península de Magallanes. La coincidencia está en que ambos debates involucran la discusión sobre la propiedad de tierras y la participación de capitales extranjeros.
La causa llegó al máximo tribunal a partir de una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había solicitado la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
La Cámara Federal de La Plata había aceptado el planteo y declarado inconstitucional ese artículo, manteniendo de esa manera las restricciones contempladas en la Ley de Tierras.
Ahora, la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó aquella sentencia y rechazó la demanda.
Pero hay una aclaración importante: la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la decisión del Gobierno de derogar la Ley de Tierras.
El tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para llevar adelante esa acción y que no existía un “caso” o “controversia” en los términos constitucionales que habilitara ese reclamo.
La propia Corte aclaró que su decisión se limita a la falta de legitimación de la entidad demandante y que no supone emitir opinión sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023.
La Ley 26.737 establecía una serie de restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre ellas se encontraba el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras en el territorio nacional y también en cada provincia y departamento. Además, una misma nacionalidad no podía superar el 30% de ese cupo destinado a extranjeros.
La norma también establecía que un mismo titular extranjero no podía superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo —o su superficie equivalente según la región— y contemplaba restricciones para inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de disposiciones específicas para zonas de seguridad de frontera.
El artículo 154 del DNU 70/2023 es directo: “Derógase la Ley N° 26.737”. Con la resolución de la Corte conocida este martes, queda nuevamente vigente esa derogación.
La discusión tiene además un antecedente reciente en la localidad.
A comienzos de agosto, El Calafate y El Chaltén fueron escenario de movilizaciones contra la extranjerización de tierras, en momentos en que el Gobierno nacional intentaba avanzar en el Congreso con modificaciones sobre esta misma materia dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Ante la falta de apoyos en el Senado, el oficialismo terminó retirando el capítulo referido a la adquisición de tierras por extranjeros. De esa manera, el intento de modificar el régimen por vía legislativa no avanzó.
Sin embargo, paralelamente continuaba la discusión judicial sobre el artículo 154 del DNU 70/2023.
La resolución de la Corte conocida este martes modifica ese escenario: al revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, queda vigente la derogación dispuesta por el Gobierno nacional en diciembre de 2023.
La resolución se conoce justamente cuando en El Calafate existe una fuerte discusión política e institucional por tierras ubicadas en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno.
El debate local surgió a partir del Decreto Provincial 915/2026 y de la operación vinculada al proyecto turístico que se pretende desarrollar en ese sector.
El fallo de la Corte no define ni valida esa operación y tampoco significa que desaparezcan otras normas nacionales, provinciales o locales que puedan resultar aplicables a una determinada transferencia de tierras.
Pero la decisión sí introduce un cambio de alcance nacional en el marco regulatorio: queda vigente la derogación de la ley que establecía específicamente los límites generales a la titularidad extranjera de tierras rurales.
De esta manera, apenas dos meses después de las movilizaciones realizadas en El Calafate y El Chaltén y en momentos en que la propiedad de la tierra vuelve a ocupar un lugar central en la agenda local por el caso Península de Magallanes, una resolución de la Corte Suprema vuelve a modificar el escenario nacional en torno a la extranjerización de tierras.
