Señal Calafate
La Justicia Federal dispuso una serie de medidas cautelares durante 90 días sobre el funcionamiento del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI) de El Chaltén, en el marco de una investigación por la presunta disposición irregular de residuos y una posible afectación ambiental.
La resolución fue dictada por la jueza federal de Garantías Mariel E. Borruto, con oficina en la ciudad de Río Grande y fue incorporada y notificada por la Oficina Judicial de Garantías de Río Gallegos el 22 de septiembre de 2026. El expediente es el 13031/2025, incidente Nº 4, y la investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Río Gallegos, encabezada interinamente por el fiscal general Julio César Zárate.
La jueza actuante tomó la causa días atrás, luego que el fiscal recusara al juez Claudio Marcelo Vázquez, luego que el magistrado convocara al intendente de El Chaltén Néstor Ticó para que presentara documentación del caso.
La resolución representa un nuevo avance en una investigación que Señal Calafate comenzó a informar en junio de 2025, cuando se conoció una denuncia sobre el funcionamiento del CARRI y el presunto enterramiento de residuos en el lugar.
Del reclamo ambiental al expediente federal
El CARRI se encuentra en la costanera norte de El Chaltén, junto al río Fitz Roy y próximo a un sector del Parque Nacional Los Glaciares. Según describe la propia resolución judicial, la investigación analiza la presunta infracción de la Ley 24.051 de residuos peligrosos y apunta a determinar si en el predio se estaban enterrando directamente sobre el suelo residuos orgánicos, plásticos y metales.
El antecedente más temprano informado por Señal Calafate se remonta a junio de 2025, cuando la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz realizó una constatación en ese centro de residuos después de la denuncia presentada por el concejal Ignacio Moreno Hueyo.
En aquella oportunidad, este medio explicó que el CARRI estaba destinado a la separación y reciclaje de residuos y no a la disposición final de basura. También informó que la denuncia señalaba un supuesto enterramiento de residuos en terrenos ubicados a pocos metros del río Fitz Roy y sin ningún tipo de protección.
La situación posteriormente pasó al ámbito de la Justicia Federal.
El allanamiento
El 13 de marzo de 2026, Prefectura Naval Argentina realizó un allanamiento en el CARRI por orden de la Justicia Federal con sede eb Río Gallegos, noticia que también fue adelantada por señalcalafate.com.
El procedimiento tuvo como objetivo realizar constataciones, tomar muestras y secuestrar documentación vinculada con el funcionamiento del sistema de tratamiento de residuos.
Señal Calafate informó entonces que los efectivos tomaron seis muestras de agua y doce de suelo y secuestraron documentación en dependencias municipales que podía servir para establecer quiénes tenían responsabilidades sobre el sistema de tratamiento de residuos.
La propia resolución judicial ahora reconstruye ese procedimiento y precisa que el allanamiento fue autorizado por el juez de Garantías y ejecutado el 13 de marzo, con intervención de Prefectura. Posteriormente, el 26 de mayo se emitió el Informe Pericial N.º 1305-44-000.025/26.
Ese informe es uno de los elementos centrales de la nueva decisión judicial.
La pericia detectó HEM en las muestras
Según consta en la resolución, los análisis dieron resultado positivo para HEM en las muestras sólidas y líquidas que fueron tomadas en el lugar. Además, se constató la presencia positiva de SGT-HEM en las muestras sólidas. Ambos resultados corresponden a parámetros utilizados para identificar la presencia de aceites, grasas y materiales de características hidrocarbonadas.
La resolución señala que, de acuerdo con la evaluación técnica expuesta durante la audiencia, esas sustancias no deberían encontrarse en cursos de agua ni en suelo natural y que su presencia se vincula con actividades de origen humano.
También se mencionan como elementos relevantes el almacenamiento inadecuado de recipientes, la falta de impermeabilización y de sistemas de contención y la exposición de los materiales a la intemperie. Para la jueza, esas circunstancias guardan correspondencia con los resultados obtenidos en las muestras.
La orden de la Justicia
La medida cautelar tendrá una duración de 90 días y establece que el CARRI solamente podrá utilizarse para las funciones de acopio, selección, compactación, acondicionamiento y transferencia de residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos.
La jueza ordenó además el cese inmediato de toda disposición final, enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión de residuos dentro del CARRI.
Según conoció señalcalafate.com, también quedó prohibido especialmente el ingreso de residuos orgánicos, fracción resto y residuos peligrosos o especiales para su disposición o permanencia sobre suelo natural.
Otra de las restricciones alcanza al lavado de camiones, mantenimiento mecánico y cambio de aceites o combustibles. Esas actividades deberán cesar cuando puedan liberar hidrocarburos, grasas o efluentes sobre superficies sin impermeabilización y sin sistemas de recolección y contención.
La medida es notificada a los funcionarios municipales que tienen responsabilidad sobre el centro de residuos en estas horas.
A su vez, la orden estableció un plazo de diez días para inventariar, envasar, rotular, retirar y entregar a transportistas y operadores habilitados los aceites usados, combustibles, emulsiones y recipientes contaminados.
La jueza dispuso además que no se pueda remover, rellenar, excavar, trasladar ni alterar el suelo o los residuos existentes en las áreas investigadas, salvo aquellas acciones urgentes de contención o retiro expresamente autorizadas.
Durante los 90 días, el cumplimiento de la orden judicial debe ser controlada por la Prefectura Naval con seguimiento de la Unidad Fiscal.
La investigación no termina
La resolución no cierra la investigación ni determina todavía responsabilidades penales. Sí establece restricciones concretas sobre el predio, ordena retirar determinados materiales, preservar sectores que forman parte de la investigación y busca impedir que una eventual afectación ambiental pueda extenderse hacia el río Fitz Roy y el entorno natural próximo, mientras la investigación judicial sigue para determinar si existió daño y las responsabilidades.
