Señal Calafate
Las asociaciones turísticas de El Calafate dieron a conocer una posición conjunta luego de reunirse con autoridades del Consejo Agrario Provincial (CAP) para conocer detalles del proyecto de inversión previsto en Península de Magallanes. Además de plantear una serie de cuestionamientos técnicos, ambientales y económicos, solicitaron que el Gobierno de Santa Cruz evalúe adquirir las tierras involucradas en la operación inmobiliaria para garantizar su preservación.
El planteo tiene un antecedente especialmente relevante: la Provincia ya tuvo la oportunidad de comprar esos terrenos por 3 millones de dólares, pero el propio Consejo Agrario Provincial manifestó que no tenía interés en hacerlo.
Así consta en el expediente administrativo del proyecto, al que accedió Señal Calafate y cuyo contenido fue dado a conocer cuando comenzó la controversia por el Decreto Provincial 915/2026.
La nueva propuesta surgió de una reunión que representantes de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AVVYT) y la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC) mantuvieron con el presidente del CAP, Hugo Garay, personal técnico del organismo y representantes de la Secretaría de Turismo provincial.
El encuentro formó parte de las reuniones convocadas por el Gobierno de Santa Cruz con instituciones del sector privado, en medio de los cuestionamientos por la autorización excepcional para vender tierras dentro del Parque Provincial Península de Magallanes a una empresa vinculada a capitales extranjeros.
El 4 de marzo de 2026, la firma Lacustre del Sud S.A., propietaria de los terrenos, comunicó formalmente su intención de vender la denominada Fracción G de Península de Magallanes por 3 millones de dólares.
La presentación se realizó en cumplimiento del derecho de preferencia establecido por el artículo 30 de la Ley Provincial 3466, que contempla la posibilidad de que el Estado adquiera inmuebles ubicados dentro de áreas naturales protegidas cuando sus propietarios deciden venderlos.
Sin embargo, la Dirección Provincial de Áreas Protegidas del Consejo Agrario Provincial respondió que no existía interés en ejercer ese derecho.
En el documento incorporado al expediente administrativo, el organismo señaló:
“Evaluadas las prioridades de gestión se informa que este organismo dependiente del Estado Provincial no posee interés en el ejercicio del derecho de preferencia para la compra del inmueble mencionado por el valor estipulado de USD 3.000.000”.
En consecuencia, comunicó que se liberaba la disponibilidad del inmueble conforme a la voluntad de su propietario.
Meses después, el 1° de septiembre, el gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto 915/2026, mediante el cual autorizó excepcionalmente la operación de venta de esas tierras a ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad argentina vinculada a capitales de Dubái.
El decreto permitió exceptuar esa operación de las restricciones establecidas para la adquisición de tierras por capitales extranjeros dentro de áreas protegidas provinciales.
Ahora, las entidades turísticas de El Calafate vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de una adquisición estatal, aunque el ejercicio del derecho de preferencia ya había sido descartado por el CAP. Una eventual compra requeriría evaluar la situación jurídica actual de los inmuebles y de la operación autorizada.
En el comunicado difundido después de la reunión, las tres asociaciones coincidieron en que el Estado provincial debería evaluar la adquisición de los terrenos para garantizar su conservación y proyectar alternativas de desarrollo turístico vinculadas con la naturaleza.
Entre las propuestas mencionaron la creación de circuitos de senderismo y trekking de bajo impacto ambiental, que permitirían incorporar nuevos atractivos a la oferta turística de El Calafate.
Según las entidades, estas actividades podrían generar oportunidades laborales para guías y prestadores locales, diversificar las experiencias disponibles para los visitantes y contribuir a incrementar la estadía promedio en el destino.
El planteo representa una alternativa al emprendimiento hotelero que impulsa el grupo inversor extranjero, cuya inversión anunciada alcanza los 90 millones de dólares.
Las asociaciones aclararon que el Consejo Agrario Provincial no es el organismo responsable de la firma del decreto de excepción, pero consideraron necesario expresar su posición sobre el futuro de esos terrenos.
Durante la reunión, el equipo técnico del Consejo Agrario Provincial presentó ilustraciones y representaciones gráficas del denominado Master Plan Ecocentro, que contempla instalaciones turísticas en Península de Magallanes.
A partir de esa exposición, los representantes del sector privado realizaron consultas sobre las características arquitectónicas de las unidades de alojamiento, sus dimensiones y la posibilidad de incorporar nuevos caminos dentro del área protegida.
Las asociaciones recordaron que el Plan de Manejo de Península de Magallanes establece parámetros restrictivos para las construcciones, entre ellos edificaciones de una sola planta, superficies reducidas y una estética vinculada a la arquitectura rural y rústica, con materiales acordes al entorno natural.
Según expresaron, las características observadas en las imágenes presentadas generaron interrogantes sobre su compatibilidad con esas disposiciones.
También plantearon dudas sobre el alcance real de la inversión anunciada de 90 millones de dólares, considerando las unidades de alojamiento previstas y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo.
Uno de los datos relevantes que surgieron del encuentro está relacionado con la generación de puestos de trabajo, uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno provincial para defender el emprendimiento.
De acuerdo con el comunicado de las asociaciones, las autoridades del Consejo Agrario Provincial informaron que se estiman aproximadamente 300 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.
Sin embargo, no brindaron cifras oficiales sobre la cantidad de empleos permanentes que demandaría el complejo una vez que comenzara a funcionar.
Las entidades también consultaron sobre la organización del trabajo nocturno y la cantidad de personas que deberían permanecer en las instalaciones durante esas horas.
El interrogante está relacionado con las restricciones del Plan de Manejo respecto de la permanencia y el pernocte del personal dentro del área protegida.
Según indicaron, las respuestas recibidas no permitieron precisar cómo se compatibilizaría el funcionamiento del complejo con esas disposiciones.
Las cuestiones ambientales ocuparon otra parte importante de la reunión.
Los representantes turísticos preguntaron por los sistemas de tratamiento de efluentes, el abastecimiento de energía, la gestión de residuos y las medidas previstas para evitar impactos sobre la reserva.
De acuerdo con las entidades, desde el Consejo Agrario Provincial se aseguró que el proyecto cumple con los requerimientos ambientales y que el Informe de Impacto Ambiental se encuentra aprobado.
Sin embargo, surgieron diferencias respecto del procedimiento de participación pública.
Ante una consulta de ACATEC, los funcionarios explicaron que, por la categorización ambiental asignada al terreno, las audiencias públicas no resultaban obligatorias, sino optativas.
La asociación manifestó su desacuerdo con ese criterio y sostuvo que Península de Magallanes, por su sensibilidad ecológica y su condición de área natural protegida, requiere las máximas garantías de conservación y participación ciudadana.
También solicitó revisar los criterios utilizados para la categorización ambiental.
Según lo expresado durante la reunión, el informe ambiental fue publicado en el Boletín Oficial en enero. No obstante, las entidades consideraron que esa publicación formal no reemplaza la necesidad de garantizar que la comunidad y las instituciones puedan acceder a la documentación y conocer sus alcances.
Durante el encuentro, ACATEC reiteró que todavía no recibió respuestas formales a los pedidos de acceso a la información pública presentados ante el Consejo Agrario Provincial durante junio y septiembre.
La entidad considera indispensable contar con los planos, estudios, autorizaciones y demás documentación técnica que respalda el proyecto.
El reclamo cobra especial relevancia porque las asociaciones pudieron observar imágenes generales del emprendimiento durante la reunión, pero mantienen interrogantes sobre sus características definitivas y su adecuación a la normativa vigente.
Las entidades también manifestaron preocupación por las consecuencias que podría tener la autorización excepcional concedida por el Gobierno provincial para esta operación.
El Decreto 915/2026 habilitó por única vez la venta de los terrenos a una sociedad vinculada a capitales extranjeros, pese a las restricciones existentes para este tipo de operaciones dentro de áreas protegidas provinciales.
Según las asociaciones, esa decisión podría convertirse en un antecedente para que otros propietarios de tierras dentro de Península de Magallanes soliciten excepciones similares en el futuro.
Por ese motivo, reclamaron que las reglas de protección ambiental sean claras, previsibles y se apliquen con igualdad de criterios, independientemente de quién sea el inversor o de qué gobierno esté al frente de la Provincia.
La difusión del comunicado permite conocer la mirada de las entidades turísticas después de las reuniones organizadas por el Gobierno provincial.
Mientras el Consejo Agrario Provincial destacó la apertura de canales de diálogo con el sector privado, las asociaciones expusieron una serie de cuestionamientos que consideran pendientes de respuesta.
AHT, AVVYT y ACATEC aclararon que reconocen la importancia de las inversiones privadas y de la generación de empleo para el desarrollo de Santa Cruz. Sin embargo, sostienen que cualquier iniciativa debe ajustarse a la normativa vigente y respetar las condiciones de conservación de Península de Magallanes.
Para las entidades, el debate no debería limitarse a los beneficios económicos de una inversión hotelera de 90 millones de dólares, sino incluir una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo turístico que se pretende para el área protegida.
En ese contexto, la propuesta de que el Estado provincial evalúe adquirir las tierras cobra una dimensión particular: el mismo organismo que ahora recibió el planteo de las asociaciones había descartado, meses atrás, la posibilidad de comprarlas por 3 millones de dólares.
La discusión vuelve así sobre una decisión que precedió al decreto de excepción y que forma parte de los antecedentes administrativos de una operación que continúa generando cuestionamientos políticos, ambientales y judiciales.
