Cómo es la gestión del juez que fue rechazado con polémica en Diputados para la Cámara Criminal

El rechazo, por mayoría, de la Cámara de Diputados de Santa Cruz al pliego de Carlos Alberto Albarracín para ocupar un cargo en la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos se produjo prácticamente cuando el magistrado cumplió su primer año al frente del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate.

 La polémica votación del jueves terminó con 13 votos negativos y 10 positivos, dejando sin acuerdo legislativo la propuesta del gobernador Claudio Vidal que eligió a Albarracín por ocupar el primer lugar de la orden de mérito confeccionada por el Consejo de la Magistratura.

Como ya informó señalcalafate.com el resultado de la votación en la legislatura fue llamativo porque los diputados que no prestaron acuerdo no argumentaron su voto, incluyendo algunos que están más cerca del Gobierno Provincial.

A un año de asumir

Albarracín juró el 1 de septiembre de 2025 como juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción N° 1 de El Calafate, ocupando la vacante que había dejado Carlos Narvarte tras su jubilación y luego de meses de subrogancias.

Antes de llegar a la ciudad, se había desempeñado en la Cámara Oral en lo Criminal de Río Gallegos y contaba con una trayectoria de aproximadamente 14 años dentro del Poder Judicial.

Su llegada se produjo luego de un concurso del Consejo de la Magistratura en el que obtuvo el primer lugar del orden de mérito. La Cámara de Diputados aprobó originalmente su designación por unanimidad el 14 de agosto de 2025.

Una semana después de su asunción fue entrevistado por Señal Calafate entrevista que este medio publicó con el título “Acceso a la Justicia y rápida respuesta son objetivos del nuevo Juez”.

Albarracín reconoció que había estaba conociendo que el juzgado tenía alrededor de 1.400 causas en curso y que existía un retraso en el tratamiento de los expedientes. Su primera medida anunciada fue realizar un diagnóstico integral para establecer una estrategia de trabajo que permitiera agilizar los trámites.

También planteó recurrir a herramientas como la reparación integral y la conciliación, especialmente en causas patrimoniales, y se definió como un juez de “puertas abiertas”.

 Qué muestran ahora las estadísticas judiciales

 Las estadísticas que tiene el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz señalan que en el 2025, cuando comenzó la magistratura de Albarracín, el juzgado calafateño tenía 1.933 expedientes en trámite, de los cuales 1.904 quedaron comprendidos específicamente dentro de la estadística de ese año.

En los informes mensuales que los juzgados deben elevar al Superior Tribunal de Justicia surge que actualmente el juzgado penal de esta localidad cuenta con unas 500 causas en trámite.

La diferencia refiere a una reducción de 1.433 expedientes, equivalente al 74,1%.

La explicación está vinculada principalmente con un proceso de reorganización por el que atraviesa el juzgado que cuenta con dos secretarias penales, una a cargo de Martín de Arrieta y otra a cargo de Rodrigo Risatto.

La estadística del primer año de la magistratura de Albarracín indica también que son siete las personas que se encuentran procesadas con prisión preventiva por delitos sexuales, en su gran mayoría contra menores, algo que ya fue informado por señalcalafate.com.

Entre enero y agosto de este año el sistema estadístico señala que hubo 32 órdenes de allanamientos, y 275 declaraciones indagatorias.

Parte de los números pertenecen a 92 nuevas causas por robos y hurtos.

Un rápido análisis permite detectar que el año transcurrido está caracterizado por la rectivación de expedientes que llevaban considerable tiempo de retraso, algunos correspondientes a casos resonantes como el reciente fallo de procesamiento al propietario de la empresa Comarka Expediciones por la muerte de los turistas en la zona de El Chalten mientras realizaban rafting ocurrido en enero del 2025.

Algunas de las notificias de procesamientos por casos de abusos sexules a menores de edad también correspondieron a causas demoradas. 

Otro de los casos emblemáticos son las usurpaciones del denominado “asentamiento 23 de abril” y del “ex hotel la aldea” en El Chaltén, causas que terminaron prescriptas por el  tiempo transcurrido en el que no hubo decisiones judiciales.

La entrevsta que el juez dio a dias de asumir.