Señal Calafate
En el marco del plenario de las comisiones de Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque de Unión por la Patria, junto a otros sectores de la oposición, presentó un dictamen de rechazo al proyecto del diputado José Luis Garrido que propone derogar la ley mediante la cual se creó la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedra Buena.
La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, cuestionó los argumentos utilizados para impulsar la derogación y defendió la necesidad de que la provincia cuente con una Cámara Federal propia. En el dictamen presentado por Unión por la Patria, además, se plantean como alternativas las ciudades de Río Gallegos o Ushuaia para establecer la sede del tribunal.
Uno de los principales puntos planteados durante el debate estuvo relacionado con el costo que implicaría poner en funcionamiento la Cámara. Garrido sostiene que los recursos deberían priorizar otras necesidades de la provincia, como salud, educación y trabajo.
Ianni respondió que el financiamiento de la infraestructura de la Justicia Federal no proviene de las arcas provinciales, sino de partidas del Consejo de la Magistratura de la Nación. En ese sentido, sostuvo que se trata de fondos federales asignados por legislación nacional y que actualmente presentan niveles de subejecución.
“No se le quitan fondos a un hospital de la región para dárselos a la Cámara, sino que se trata de fondos federales ya asignados por ley nacional que le corresponden a la región”, señaló la legisladora.
Otro de los argumentos cuestionados fue la ubicación de Piedra Buena y la falta de un aeropuerto comercial, situación que podría incrementar los costos de traslado de magistrados y funcionarios.
Para Ianni, este planteo pierde peso frente a las herramientas incorporadas por el sistema judicial en los últimos años, como el expediente electrónico, las audiencias virtuales y la digitalización de distintos procedimientos.
La diputada también consideró que la cantidad de habitantes de Piedra Buena no debería ser determinante para definir la sede del tribunal. Según explicó, la Cámara no fue concebida exclusivamente para atender a esa localidad, sino como una instancia de apelación para distintos juzgados federales y con una competencia territorial que podría abarcar a Santa Cruz y otras provincias de la región.
En otro tramo de su intervención, Ianni marcó una contradicción entre la iniciativa de Garrido y decisiones recientes vinculadas con la Justicia provincial. Recordó que el proyecto para derogar la Cámara Federal fue presentado el 20 de mayo de 2026, apenas una semana después de que la Corte Suprema de Justicia validara la ampliación de vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
En ese sentido, cuestionó que se argumente la necesidad de una Justicia más eficiente y cercana a los ciudadanos en el ámbito provincial, mientras se plantea eliminar una estructura de Justicia Federal que apunta a ampliar la competencia territorial en la Patagonia.
“Sirve ampliar el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, pero no sirve crear una Cámara de Apelaciones en nuestra provincia”, planteó Ianni, quien sostuvo que detrás de la discusión también existe un debate sobre la continuidad de la administración de la Justicia Federal con sede en Comodoro Rivadavia.
Finalmente, la legisladora advirtió sobre la situación de los magistrados designados para integrar la Cámara. Según señaló, sus pliegos y designaciones institucionales ya fueron aprobados mediante los mecanismos constitucionales correspondientes.
Por ese motivo, consideró que una eventual derogación de la ley podría generar un “limbo jurídico” respecto de esos jueces, además de eventuales reclamos contra el Estado Nacional y cuestionamientos vinculados con la garantía constitucional del juez natural.
El debate continuará ahora en el ámbito legislativo, donde la discusión estará centrada no solo en la continuidad o derogación de la Cámara Federal de Apelaciones, sino también en cuál debería ser su eventual sede dentro de la región.
