
Península de Magallanes: entidades turísticas piden a Vidal que la Provincia compre las tierras
Señal Calafate
El sector turístico privado de El Calafate volvió a pronunciarse sobre el futuro de Península de Magallanes. Mediante un nuevo comunicado difundido por ACATEC, las instituciones y representantes del sector solicitaron directamente al gobernador Claudio Vidal que la Provincia utilice las herramientas legales disponibles para adquirir las tierras de Lacustre del Sud y garantizar su preservación.
El planteo se produce en medio de la controversia por el Decreto 915/2026, mediante el cual el Gobierno provincial autorizó excepcionalmente la venta de terrenos dentro del área natural protegida a una empresa vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos, para el desarrollo del proyecto turístico Ecocentro.
Las entidades consideran que la adquisición estatal permitiría implementar un modelo turístico diferente, basado en la conservación del paisaje y en actividades recreativas de bajo impacto ambiental.
Un pedido dirigido al gobernador
En el comunicado, ACATEC y las instituciones del sector privado turístico solicitan que la Provincia asuma un papel activo en la protección de Península de Magallanes.
“Solicitamos al gobernador que ejerza el derecho de todos los santacruceños y haga uso de las herramientas legales disponibles para que estas tierras puedan quedar bajo protección y planificación pública”, expresa el documento.
Las entidades proponen que los terrenos puedan destinarse a circuitos de trekking, senderismo y otras actividades recreativas que respeten las características naturales del área.
Consideran que estas alternativas permitirían diversificar la oferta turística de El Calafate, aumentar la estadía promedio de los visitantes y generar nuevas oportunidades de trabajo para guías y prestadores locales.
“No se trata de impedir el desarrollo turístico, sino de promover un modelo diferente”, aclaran.
La Provincia ya había rechazado comprar las tierras
El nuevo pedido tiene un antecedente concreto en el expediente administrativo del proyecto, al que accedió Señal Calafate.
El 4 de marzo de 2026, Lacustre del Sud S.A. comunicó formalmente su intención de vender la denominada Fracción G de Península de Magallanes por 3 millones de dólares, poniendo la operación a consideración del Estado provincial en cumplimiento del derecho de preferencia establecido por la Ley Provincial 3466.
Sin embargo, la Dirección Provincial de Áreas Protegidas del Consejo Agrario Provincial respondió que el organismo no tenía interés en ejercer ese derecho de adquisición por el valor ofrecido.
En consecuencia, liberó la disponibilidad del inmueble para que su propietario pudiera avanzar con la operación.
Meses después, el gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto 915/2026, que autorizó excepcionalmente la venta a ASB Hospitality Calafate S.A.U., sociedad argentina vinculada a capitales extranjeros.
Ahora las entidades turísticas vuelven a plantear la adquisición estatal como una alternativa al emprendimiento privado.
No obstante, dado que el CAP ya había comunicado su decisión de no ejercer el derecho de preferencia, una eventual compra requeriría analizar la situación jurídica actual de los terrenos y las posibilidades legales de concretarla.
Un modelo turístico diferente
En su nuevo pronunciamiento, las asociaciones sostienen que el futuro de Península de Magallanes no debería quedar sujeto exclusivamente a proyectos de expansión de infraestructura de alojamiento.
Proponen, en cambio, que el Estado provincial planifique el uso turístico de las tierras bajo criterios de conservación ambiental y aprovechamiento responsable del paisaje.
Desde esa perspectiva, consideran que el desarrollo de senderos y actividades de naturaleza permitiría incorporar nuevas experiencias para los visitantes y ampliar las oportunidades económicas de los prestadores de El Calafate.
También remarcan que la preservación del patrimonio natural puede convertirse en una inversión estratégica para el destino turístico.
Preocupación por las excepciones
Otro de los aspectos que las entidades vuelven a señalar es el precedente que podría generar la autorización excepcional otorgada mediante el Decreto 915/2026.
“Manifestamos nuestra preocupación por que las excepciones otorgadas no se conviertan en precedentes que debiliten los criterios de protección ambiental ni generen desigualdades frente a otros propietarios”, expresa el comunicado.
El planteo está relacionado con la posibilidad de que otros titulares de terrenos dentro del área protegida soliciten en el futuro autorizaciones similares.
Las entidades consideran necesario preservar reglas claras para garantizar la protección ambiental y evitar tratamientos desiguales.
Una propuesta que vuelve a poner en discusión la decisión provincial
El nuevo pronunciamiento se suma a los cuestionamientos que las asociaciones turísticas formularon después de reunirse con el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, y personal técnico del organismo.
En aquella oportunidad plantearon dudas sobre las características del proyecto Ecocentro, su compatibilidad con el Plan de Manejo, los estudios ambientales y la cantidad de empleos permanentes que podría generar.
Ahora, el reclamo se concentra en una decisión política que corresponde evaluar al Gobierno provincial: la posibilidad de adquirir los terrenos para destinarlos a un modelo de desarrollo turístico basado en la conservación.
“Península es patrimonio natural, turístico y ambiental. Preservarla también es invertir en el futuro de El Calafate y de Santa Cruz”, concluye el comunicado de ACATEC.


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