Guido Bonelli
Este martes 3 de marzo de 2026, en la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz), comenzó un juicio que marcará un hito en la historia judicial argentina y en la búsqueda de justicia por una de las tragedias navales más resonantes del país. En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz se sentaron en el banquillo de los acusados cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, delitos que se vinculan directamente con el hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.
El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 durante una travesía desde Ushuaia hacia Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo. Apenas 24 horas antes, la nave había comunicado fallas técnicas —ingreso de agua por el sistema de ventilación y un principio de incendio en las baterías—, y luego se perdió completamente el contacto. Un año más tarde, los restos fueron localizados a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, mostrando evidencias de una implosión que destruyó la unidad.
La fiscalía sostiene que, pese a numerosos desperfectos técnicos documentados, el submarino zarpó en condiciones que no garantizaban su seguridad operacional. Según el requerimiento de elevación a juicio, el ARA San Juan había superado ampliamente el intervalo reglamentario entre mantenimientos en dique seco y presentaba equipos fuera de servicio o degradados, factores que incrementaron los riesgos de la misión.
Los cuatro ex oficiales que enfrentan el proceso son:
Contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo
Capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide
Capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso
Capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa
Cada uno de ellos ocupó posiciones de mando dentro de la estructura de la Armada durante 2017 y, según la acusación, desempeñaron un rol decisivo en no garantizar el correcto mantenimiento, preparación y control operativo del submarino antes de su última navegación.
La audiencia inicial comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde fiscales del Ministerio Público Fiscal (MPF) expusieron reconstrucciones de hechos, valoraciones probatorias y las calificaciones legales atribuidas a los acusados. El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, presidirá un proceso que, en principio, se extenderá hasta el 8 de julio próximo, con la presentación de pruebas, testimonios de peritos y querellantes.
Se espera que el juicio incluya más de 120 testigos, material fílmico del hallazgo de los restos del submarino, documentación bajo secreto militar y expertos técnicos, entre ellos de fabricantes vinculados a los sistemas de la nave.
La apertura del juicio fue seguida de cerca por familiares de las víctimas, quienes han expresado históricamente una mezcla de expectativas y desconfianza respecto al proceso judicial. Si bien valoran que se avance en esclarecer responsabilidades, algunos sectores sostienen que la causa no aborda plenamente la posible responsabilidad de autoridades políticas o de mando superior al nivel de los imputados.
La defensa de los acusados, por su parte, ha sostenido que no existió dolo ni voluntad de poner en riesgo a la tripulación, y que los eventos que desencadenaron el siniestro fueron imprevisibles o ajenos al correcto desempeño de sus funciones.
El juicio representa un paso significativo en la búsqueda de justicia por el hundimiento del ARA San Juan, uno de los hechos más dolorosos para la Armada Argentina y el país. A casi nueve años de la tragedia que conmovió a toda la sociedad, el proceso busca no solo determinar responsabilidades penales, sino también aportar claridad sobre fallas institucionales y operativas que, según la acusación, debieron haber sido atendidas antes de que la nave emprendiera su última misión.
