Señal Calafate
El Ministerio Público Fiscal de la Nación hizo publico este lunes un informe sobre las medidas judiciales que restringen durante 90 días el funcionamiento del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI) de El Chaltén. Se trata de la misma resolución que Señal Calafate informó el miércoles pasado, ahora acompañada por nuevos detalles sobre las órdenes impartidas al municipio y los fundamentos del pedido fiscal.
La medida fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos. La causa está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, conducida interinamente por el fiscal Julio Zárate.
Como ya había informado este medio, durante el plazo de la cautelar el CARRI solo puede utilizarse para acopiar, seleccionar, compactar, acondicionar y transferir residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos. La resolución ordena cesar la disposición final, el enterramiento, la quema y el vuelco de residuos en el predio. También restringe el lavado de camiones, el mantenimiento mecánico y el cambio de aceites o combustibles cuando esas tareas puedan liberar sustancias sobre superficies sin impermeabilización ni sistemas de contención.
Las precisiones de la publicación oficial
El informe del Ministerio Público Fiscal señala que la Justicia ordenó aislar físicamente y señalizar, dentro de las 48 horas, los sectores donde se encontraron recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas. La instrucción alcanza también a las áreas con derrames, los puntos vinculados con la toma de muestras y los sectores próximos a la vera del río Fitz Roy.
Hasta que sean retirados, esos recipientes deben permanecer bajo cubierta, sobre una base impermeable y con contención suficiente. La publicación oficial precisa además que en el predio se encontraron envases volcados que contenían aceite o una sustancia de componente graso.
La resolución fija un plazo de diez días para inventariar, envasar, rotular y entregar a transportistas y operadores habilitados los aceites usados, combustibles, emulsiones y recipientes contaminados. Según detalló ahora la Fiscalía, esa tarea debe contar con registro fotográfico y documental, realizarse bajo control de la autoridad ambiental competente y ser comunicada previamente al Ministerio Público Fiscal.
La prohibición de remover o alterar el suelo y los residuos en las áreas investigadas busca, a la vez, evitar una posible extensión de la afectación ambiental y preservar las pruebas de la causa. Cualquier intervención autorizada en esos sectores debe documentarse y coordinarse con la Unidad Fiscal.
Qué motivó la cautelar
Los análisis de muestras sólidas y líquidas detectaron HEM, un parámetro asociado a grasas y aceites. En las muestras sólidas también se identificó SGT-HEM, utilizado para detectar materiales de características hidrocarbonadas. La Fiscalía relacionó esos resultados con la presencia de recipientes mal almacenados, la falta de impermeabilización y sistemas de contención, y su exposición a la intemperie.
El informe oficial indica que Zárate solicitó la cautelar el 10 de septiembre para prevenir que la presunta contaminación del suelo pudiera extenderse hacia el río Fitz Roy y el entorno natural cercano. La medida permite que el centro continúe con sus funciones de acopio y tratamiento de materiales recuperables bajo las restricciones establecidas por la Justicia.
