Península de Magallanes: Mardones cuestionó que El Calafate no haya participado del proceso ambiental

El Decreto Provincial 915/26 y el proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes también llegaron este jueves al Concejo Deliberante de El Calafate.

Durante la 11ª Sesión Ordinaria, el concejal Leonardo Mardones dedicó parte de su intervención a analizar la medida adoptada por el Gobierno de Santa Cruz y puso especialmente el foco en la participación de la comunidad dentro del procedimiento ambiental realizado para el emprendimiento.

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El decreto, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1° de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el pasado 22, establece una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” a la restricción contenida en el Decreto Provincial 994/17.

La medida permite que Lacustre del Sud S.A. venda a ASB Hospitality Calafate SAU la Fracción G, Matrícula 186, ubicada en la región de Península de Magallanes, con el objetivo de desarrollar el denominado “Master Plan Ecocentro”. El mismo decreto indica que el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada y que su posterior ejecución deberá cumplir con la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente.

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“¿Algún vecino se enteró?”

Sobre este último punto se concentró buena parte del planteo de Mardones.

El concejal cuestionó que la comunidad de El Calafate no haya conocido ni participado, según sostuvo, del procedimiento que derivó en la evaluación ambiental mencionada en el decreto.

“¿Algún vecino se enteró de que había un estudio de impacto ambiental desarrollándose con respecto a una intervención en Península de Magallanes?”, preguntó durante la sesión.

Mardones sostuvo que la legislación ambiental provincial contempla mecanismos de participación ciudadana y reclamó conocer cómo se desarrolló ese procedimiento en este caso.

Su planteo apuntó, por lo tanto, no solamente a la propiedad de las tierras sino también a conocer qué proyecto fue evaluado, cuáles fueron las instancias administrativas cumplidas y de qué manera pudo participar la comunidad directamente vinculada al área.

La excepción para vender las tierras

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de establecer una excepción específica al régimen vigente para permitir la operación.

Mardones señaló que las restricciones provinciales buscan proteger áreas consideradas estratégicas y vinculó ese criterio con el régimen nacional establecido por la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

La normativa nacional fija límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y contempla restricciones específicas para inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Actualmente, el sitio oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales informa que la vigencia de esa ley fue restituida mediante una medida cautelar, luego de que el DNU 70/2023 dispusiera su derogación.

Frente a ello, el concejal preguntó por qué el Estado Provincial decidió habilitar una excepción para esta operación en particular.

Desarrollo sí, pero dentro de las reglas

Mardones aclaró durante su intervención que su posición no implica rechazar nuevos proyectos turísticos.

Recordó que desde el propio Concejo Deliberante se impulsaron anteriormente iniciativas para ampliar las actividades en la Península de Magallanes, entre ellas propuestas vinculadas a deportes invernales, trekking y otras alternativas que permitan reducir la estacionalidad turística.

Según afirmó, el Municipio solicitó en distintas oportunidades al Consejo Agrario Provincial avanzar con estudios y planificación para esas actividades, sin haber obtenido respuestas.

Por eso diferenció el debate sobre la necesidad de generar nuevas propuestas turísticas de la discusión sobre dónde, cómo y bajo qué procedimientos ambientales pueden concretarse.

“Estamos de acuerdo con el desarrollo, pero dentro del marco de la ley y dentro de las áreas que sean óptimas para desarrollar esas actividades”, expresó.

Un pedido de explicaciones al Gobierno Provincial

Hacia el final de su intervención, Mardones reclamó que el Gobierno de Santa Cruz informe públicamente cuál fue el procedimiento seguido para llegar a la decisión expresada en el Decreto 915/26 y cuáles son las características del desarrollo proyectado.

También pidió conocer cuál es la política turística que la Provincia plantea para El Calafate y cómo se compatibilizará la llegada de nuevas inversiones con la preservación ambiental y con las actividades económicas que ya funcionan en el destino.

“Lo que pedimos es transparencia, seriedad y fundamentalmente claridad en el proceso de toma de decisiones y el respeto de la ley”, resumió.

El planteo realizado en el Concejo Deliberante se produjo el mismo día en que el Decreto 915/26 también fue motivo de debate en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde legisladores reclamaron acceder al expediente y a la documentación ambiental que respaldó la decisión del Ejecutivo Provincial.