Señal Calafate
El Gobierno de Santa Cruz endureció su postura frente al conflicto salarial que mantiene con efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario. Luego de dar por finalizada la negociación del Consejo del Salario y otorgar la recomposición salarial mediante una resolución ministerial, funcionarios provinciales confirmaron que comenzarán a aplicarse medidas administrativas para el personal que no se reincorpore al servicio y anticiparon posibles denuncias judiciales por determinadas conductas durante la protesta.
El jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, señaló que, tras el cierre de la instancia de negociación, la institución iniciará las actuaciones administrativas correspondientes para los efectivos que continúen sin prestar servicio.
Según explicó, durante el desarrollo del conflicto no se impulsaron sanciones disciplinarias porque se priorizó la continuidad del diálogo, aunque sostuvo que el nuevo escenario obliga a avanzar con los procedimientos previstos para quienes incumplan con sus obligaciones funcionales. Agregó que, en determinados casos, también podrían realizarse denuncias judiciales.
Agüero describió además que la fuerza continúa funcionando con una dotación reducida debido a la medida de fuerza y afirmó que la cobertura de servicios esenciales depende actualmente de jefes de dependencia, oficiales superiores y personal que permanece en funciones. Señaló que esa situación genera dificultades para atender tareas operativas habituales, como la recepción de denuncias, traslados de detenidos y cobertura de distintos servicios.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, ratificó que la recomposición salarial ya se encuentra vigente mediante la Resolución N° 342/26 y adelantó que el gobernador Claudio Vidal firmará el decreto que refrenda esa decisión.
El funcionario sostuvo que el aumento fue dispuesto luego de que no se alcanzara un acuerdo durante más de un mes de negociaciones en el Consejo del Salario. Además, defendió la oferta oficial al señalar que representa el máximo esfuerzo financiero que la provincia puede afrontar.
Prodromos confirmó también que, a partir de la vigencia de la resolución, comenzarán a aplicarse descuentos al personal que no concurra a prestar servicio.
En otro tramo de sus declaraciones, indicó que el Ministerio de Seguridad analiza realizar presentaciones judiciales ante hechos que, según la interpretación del Ejecutivo, puedan configurar delitos vinculados a la insubordinación dentro de la fuerza. Entre ellos, mencionó presuntas convocatorias a no presentarse a trabajar o a no entregar el armamento reglamentario cuando sea requerido.
Asimismo, adelantó que el Gobierno evalúa otorgar un reconocimiento económico al personal que continuó prestando servicio durante el conflicto.
Las declaraciones de ambos funcionarios se producen mientras la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) mantiene el rechazo al aumento otorgado por resolución, al que considera una decisión unilateral, y ratificó la continuidad de la medida de fuerza, los acampes y las distintas acciones de protesta en la provincia. De momento, tampoco fue anunciada una nueva convocatoria al Consejo del Salario.
