Señal Calafate
El Gobierno de Santa Cruz mantuvo este sábado una nueva reunión con intendentes y representantes municipales para analizar el alcance del fallo del Tribunal Superior de Justicia que restituyó la vigencia del artículo 22 de la Ley 1.782, norma que habilita el cobro de aportes previsionales mediante retenciones sobre la coparticipación municipal.
El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Economía y estuvo encabezado por el ministro Ezequiel Verbes y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. Participaron los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos), Darío Menna (Río Turbio), Aldo Aravena (28 de Noviembre) y Zulma Neira (Los Antiguos).
En representación del intendente de El Calafate, Javier Belloni, asistieron el secretario de Gobierno, Leonardo Mardones, y el secretario de Hacienda, Juan Manuel Miñones. Belloni fue el único jefe comunal convocado que no participó personalmente del encuentro.
Con esta reunión, el Ejecutivo provincial completó la ronda de diálogo iniciada el viernes, cuando había recibido a los intendentes y presidentes de comisiones de fomento que integran el mismo espacio político que el gobernador Claudio Vidal. En esta segunda instancia fueron convocados los municipios que no habían participado de aquella reunión.
Según informaron desde el Gobierno, durante el encuentro se intercambiaron posiciones sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia y el financiamiento del sistema previsional provincial. Además, se acordó conformar una nueva mesa de trabajo para continuar el análisis con información técnica aportada por la Provincia y los municipios.
La próxima reunión fue prevista para la semana del 20 de julio, con el objetivo de avanzar en una propuesta consensuada sobre la aplicación de la normativa y el sostenimiento de la Caja de Previsión Social.
Durante la jornada, la ministra Belén Elmiger afirmó que el Gobierno no dispuso retenciones sobre los fondos de coparticipación y sostuvo que el objetivo es alcanzar acuerdos mediante el diálogo. También indicó que, según la posición del Ejecutivo, el fallo judicial no afecta el pago de salarios municipales ni provinciales.
