
Santa Cruz busca autorización legislativa para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares
Señal Calafate
El Gobierno de Santa Cruz presentó ante la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley para autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares.
Según se informó oficialmente, la iniciativa apunta a obtener financiamiento en el mercado internacional de capitales para ejecutar obras de infraestructura consideradas estratégicas y, al mismo tiempo, mejorar el perfil financiero de la provincia mediante la refinanciación de compromisos existentes.
De acuerdo al texto difundido por el Ejecutivo, los fondos sólo podrán destinarse a gastos de capital, programas de desarrollo y administración de pasivos, quedando excluido su uso para gastos corrientes.
Entre las obras previstas se encuentran proyectos de interconexión energética para localidades que actualmente funcionan con sistemas aislados, una situación que genera elevados costos operativos para el Estado provincial.
También se menciona la primera etapa del acueducto del Lago Buenos Aires, infraestructura vinculada al abastecimiento de agua y al desarrollo productivo regional.
El proyecto contempla además inversiones en infraestructura educativa, especialmente para educación técnica, y trabajos de recuperación de infraestructura portuaria.
En los fundamentos de la propuesta, el Gobierno sostiene que el acceso a financiamiento internacional permitiría obtener tasas de interés más bajas, plazos más extensos y períodos de gracia más amplios que los disponibles actualmente en el mercado local.
Asimismo, desde el Ejecutivo indicaron que parte de las herramientas financieras podrían utilizarse para refinanciar deudas vigentes con costos más elevados, buscando mejorar el esquema de vencimientos provinciales.
Otro de los argumentos incluidos en el proyecto señala que las regalías hidrocarburíferas y mineras, al estar vinculadas al dólar, permitirían reducir el riesgo cambiario asociado a este tipo de endeudamiento.
La iniciativa será ahora tratada por la Legislatura provincial, que deberá analizar y definir si autoriza o no al Ejecutivo a avanzar con las operaciones de crédito previstas.


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