Guido Bonelli
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla por un año más.
La iniciativa alcanza a la administración central, organismos descentralizados, empresas estatales y sociedades con participación del Estado, y busca —según el texto— garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y asegurar la prestación de servicios esenciales.
El proyecto otorga al Ejecutivo herramientas para reordenar el gasto público, revisar estructuras administrativas, renegociar contratos y optimizar el uso de recursos humanos, además de priorizar áreas consideradas críticas como salud, educación, seguridad y asistencia social.
Entre los puntos que generan mayor debate aparecen las restricciones a los incrementos salariales y la implementación de un régimen de pasividad anticipada voluntaria para empleados cercanos a la jubilación.
Uno de los artículos establece que durante la vigencia de la emergencia no podrán aplicarse incrementos automáticos, cláusulas de indexación ni mejoras salariales para el personal del sector público si no existen recursos presupuestarios disponibles para afrontarlas.
Además, cualquier acuerdo paritario o decisión administrativa que implique aumentos deberá estar contemplado en el presupuesto vigente y contar con certificación previa de disponibilidad financiera del Ministerio de Economía.
En la práctica, el proyecto plantea que los incrementos salariales solo podrán concretarse si cuentan con financiamiento asegurado, en línea con el objetivo de contener el gasto estatal en un contexto de crisis fiscal. En los últimos meses ya se habían planteado medidas similares vinculadas a una pauta salarial cero en el presupuesto provincial.
También se prevé revisar cargos, adicionales y compensaciones dentro del Estado, además de la posibilidad de reasignar funciones dentro del mismo escalafón para optimizar el uso de recursos humanos.
El proyecto incorpora un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria destinado a agentes de la administración central que se encuentren a menos de cinco años de cumplir los requisitos jubilatorios.
El sistema permitiría a esos trabajadores dejar de prestar servicios efectivos, manteniendo la relación laboral con el Estado hasta alcanzar la jubilación.
Durante ese período recibirían un haber proporcional calculado sobre su salario, que variará según el tiempo restante para jubilarse:
75% del haber potencial si falta hasta 1 año
70% si faltan hasta 2 años
65% si faltan hasta 3 años
60% si faltan hasta 4 años
55% si faltan hasta 5 años
El régimen no alcanza a personal policial, penitenciario, docente ni a profesionales de la salud, y su otorgamiento quedará sujeto a la evaluación y aceptación del Poder Ejecutivo.
Mientras permanezcan en esta condición, los trabajadores seguirán aportando al sistema previsional y el tiempo será computado para el cálculo de la jubilación.
La iniciativa también propone crear una comisión de seguimiento de la emergencia, integrada por representantes de los bloques legislativos y del Poder Ejecutivo, para monitorear la aplicación de las medidas.
Asimismo, los organismos del Estado deberán elaborar un Plan de Priorización de Gastos y Compras, clasificando las erogaciones en tres categorías: críticas o vitales, operativas necesarias y diferibles, con el objetivo de ordenar el uso de recursos durante la emergencia.
El proyecto ya ingresó a la Legislatura provincial y comenzará a ser analizado por las comisiones correspondientes, en un contexto de alta sensibilidad política y sindical debido a las implicancias que podría tener sobre salarios y condiciones laborales del sector público.
