Señal Calafate
Este jueves el Senado de la Nación, si el quórum lo permite, tratará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que propone una amplia reforma de distintas normas vinculadas al derecho de propiedad. Entre los cambios más relevantes figura la modificación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, eliminando las principales restricciones para que personas físicas y jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en el país.
La iniciativa forma parte del paquete de proyectos surgidos del denominado Consejo de Mayo y fue enviada al Congreso mediante el Mensaje N.º 22/2026 (Expediente PE-13/26). Tras obtener dictamen favorable en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, quedó en condiciones de ser debatida por la Cámara Alta.
Qué establece actualmente la Ley de Tierras
La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 con el objetivo de limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. Entre otros punto dice que:
La ley también creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de controlar el cumplimiento de esos límites.
Qué cambia el proyecto
El proyecto del Poder Ejecutivo elimina buena parte de esas restricciones.
Entre las modificaciones más importantes figuran:
Aunque el debate público se concentra en la compra de tierras por extranjeros, el proyecto modifica además otras normas.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la legislación vigente impone restricciones "innecesarias" sobre el derecho de propiedad y genera inseguridad jurídica.
Según el mensaje de elevación, los límites actuales desalientan inversiones, afectan la productividad y restringen el ingreso de capitales necesarios para el desarrollo económico. Por ello propone eliminar regulaciones que considera incompatibles con una economía abierta.
La oposición
Sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y especialistas en derecho agrario sostienen que la reforma facilitaría la concentración de tierras estratégicas en manos de grandes capitales extranjeros.
También advierten que la eliminación de límites podría afectar la planificación territorial de las provincias y comprometer recursos naturales considerados estratégicos, especialmente agua dulce y grandes extensiones productivas.
Primero los senadores
El proyecto ingresó por el Senado, donde obtuvo dictamen de mayoría en mayo tras varias reuniones informativas con funcionarios, juristas y especialistas.
Al haber comenzado su trámite en la Cámara Alta, si el Senado lo aprueba pasará luego a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. Es decir, todavía no fue votado por Diputados.
Legisladores de Santa Cruz
Los tres representantes de Santa Cruz en el Senado son:
Hasta la tarde previa a la sesión ninguno de los tres había anunciado públicamente su voto sobre el proyecto, por lo que no es posible afirmar con certeza quién acompañará o rechazará la iniciativa.
No obstante, el escenario político permite anticipar algunos comportamientos:
Un debate que excede la compra de tierras
Aunque el aspecto más discutido es la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, el proyecto representa una reforma mucho más amplia del régimen de propiedad privada en Argentina.
La discusión enfrenta dos visiones contrapuestas: por un lado, quienes consideran que eliminar restricciones atraerá inversiones y fortalecerá la seguridad jurídica; por otro, quienes sostienen que la tierra constituye un recurso estratégico cuya propiedad debe permanecer bajo límites que preserven el interés nacional.
El resultado de la votación en el Senado marcará el futuro de una de las reformas patrimoniales más importantes impulsadas por el Gobierno nacional desde el inicio de su gestión.
