La deuda de municipios con la caja de jubilaciones creció casi 90 mil millones en un año

Con un comunicado enviado a medios de comunicación en el mediodía de este lunes, el Ejecutivo indicó que en los últimos doce meses, los municipios y las comisiones de fomento incrementaron en $89.395.526.716 la deuda que mantienen con la Caja de Previsión Social. Según los registros actualizados del organismo, el monto acumulado asciende hoy a $200.621.920.045.

Hace un año, en julio de 2025, esa deuda era de $111.226.393.329. Doce meses después, supera los $200 mil millones, con un crecimiento cercano al 80%.

La información surge en el medio de la polémica que enfrenta a algunos intendentes con el Gobierno de Claudio Vidal por el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que revocó´una medida de primera instancia y dejó vigente un articulo de la ley del sitema jubilatorio que permite al Poder Ejecutivo retener de la coparticiación ante incumplimiento de los municipios en las transferencias de los aportes jubilatorios.

El comunicado del Gobierno indica que todos los meses, los municipios descuentan aportes de los sueldos de sus trabajadores y, además, deben realizar las contribuciones que les corresponden como empleadores. El artículo N°18, inciso b, de la Ley Previsional N°1782, establece que esos fondos deben ser transferidos a la Caja de Previsión Social dentro de los primeros siete días de cada mes.

También señala que como esas transferencias no se realizan, los recursos no ingresan al sistema previsional, y pasan a formar parte de la deuda acumulada que mantienen los organismos con la Caja.

"Los aportes que los municipios deben enviar a la CPS son clave para sostener el sistema jubilatorio santacruceño. Cuando esos fondos no se transfieren, la deuda sigue creciendo y la Caja deja de recibir recursos que son necesarios, para afrontar el pago de las jubilaciones y pensiones", dice el comunicado de Provincia.

La falta del envio de los fondos por parte de los municipios debe ser cubierta con dinero del mismo estado provincial que debería destinarse para otros servicios públicos. Además, la retención de los fondos de empleados y no transferirlos es considerado un delito, aunque ni el mismo Gobierno provincial actúa sobre ese punto, generándose una discusión política que trasciende con el pasar de los años.