Guido Bonelli
Una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de otorgarse aumentos salariales anticipados generó un fuerte debate político, institucional y social esta semana. La medida, aprobada por mayoría interna del máximo órgano judicial provincial, proyecta incrementos acumulados de entre 38% y 42% para sus integrantes durante 2026, llevando algunos haberes mensuales hasta $24 millones, según estimaciones oficiales y diversas fuentes periodísticas.
Qué se aprobó y cómo se instrumentó
La resolución fue firmada el 30 de diciembre de 2025 por cuatro de los cinco vocales del TSJ, estableciendo aumentos de 4% mensual entre enero y julio y 3% entre agosto y octubre de 2026. En los fundamentos, el propio Tribunal sostuvo que sus remuneraciones no pueden “alejarse de manera grosera” respecto de las de otros poderes, citando principios vinculados a la independencia judicial y a la intangibilidad salarial.
La medida provocó además tensión interna: el presidente del Tribunal, Daniel Mariani, dictó posteriormente una resolución —respaldada por algunos sectores— ordenando no convalidar ni liquidar los aumentos aprobados por sus pares, argumentando vicios de legalidad y falta de mayoría.
Críticas desde el gobierno provincial
El gobernador Claudio Vidal fue uno de los principales opositores a la medida. A través de sus redes sociales calificó la decisión como “un acto de burla y falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”, señalando que el incremento era desproporcionado en un contexto de dificultades económicas para gran parte de la administración pública y la población.
Funcionarios del Ejecutivo también expresaron sus reparos. La ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, afirmó que la medida generaba la sensación de que “no solo estamos en diferentes poderes del Estado sino también en diferentes planetas”, ante su impacto salarial en el contexto social actual.
Desde la Caja de Previsión Social, su presidente Pablo Pérez planteó que el aumento representa, en términos relativos, “un haber mínimo por mes para cada integrante de la cúpula judicial”, dado el desfase con los haberes previsionales vigentes, y advirtió que podría profundizar el desfinanciamiento del sistema previsional provincial.
Otras voces oficialistas como la diputada Adriana Nieto criticaron la falta de “conciencia social” y denunciaron que la decisión profundiza la brecha entre la Justicia y la realidad provincial.
Repercusiones políticas y sociales
Además de la postura del Ejecutivo, sectores gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron la medida por considerarla “obscena” y fuera de proporción con los ajustes salariales y económicos que enfrenta el resto de los trabajadores estatales.
Desde el ámbito político, el vicegobernador Fabián Leguizamón también cuestionó el momento y el impacto de la decisión, al afirmar que “el aumento es burdo” y demuestra “una enorme irresponsabilidad” institucional.
Contexto presupuestario y perspectivas
Estimaciones gubernamentales y periodísticas señalan que el impacto presupuestario de los aumentos podría significar hasta $40.000 millones anuales en fondos públicos destinados al Poder Judicial, recursos que algunos críticos señalan como potencialmente “quitados” de áreas como salud, educación y obras públicas.
Los defensores de la autonomía judicial sostienen que el Poder Judicial tiene facultades constitucionales para definir sus estructuras salariales, siempre en el marco de la independencia de poderes. Sin embargo, la controversia expone tensiones profundas entre el Ejecutivo, el Legislativo, sectores gremiales y el propio Poder Judicial en Santa Cruz.
En síntesis
La polémica por el autoaumento salarial del Tribunal Superior de Justicia no solo puso en debate cifras —que alcanzan niveles récord para la provincia— sino también la percepción ciudadana sobre el uso de recursos públicos, la responsabilidad institucional y la relación entre los distintos poderes del Estado en un contexto económico complejo.
