Fue condenado por un tribunal federal de aquella provincia en septiembre y en las últimas horas la Cámara de Casación confirmó el fallo. El caso se remonta al 7 de diciembre de 2023, cuando el joven fue interceptado en el Aeropuerto de Córdoba con 76 dosis de "La Bomba", droga sintética que pretendía traer a El Calafate.
Judiciales05/12/2025
Señal Calafate
“5E-NBOH” es el nombre de una sustancia psicoactiva sintética de alta toxicidad conocida vulgarmente como “La Bomba”. Eso le hallaron a Bruno Román Oyarzo Cortez el 7 de diciembre de 2023 en el aeropuerto Internacional “Ingeniero Ambrosio Taravella” de Córdoba.
El joven que entonces tenía 22 años se disponía abordar un vuelo El Calafate y llevaba 76 dosis escondidas en una billetera y una lata redonda en su equipaje de mano.
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, advirtieron la carga a través del escáner y, ante un testigo, abrieron la maleta, descubriendo una lata con pocos gramos de marihuana y una billetera con las mencionadas 76 dosis.
Al analizar los mensajes de su celular, los investigadores encontraron una serie de mensajes con contacto que resultó valioso para la causa que finalizó en el mes de septiembre pasado, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital, a cargo de José Fabián Asís, condenó al estudiante santacruceño a cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.
Aquella decisión fue apelada, pero la Sala II de la Cámara de Casación resolvió rechazar el recurso presentado por la defensa. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, confirmando la sentencia y sella la suerte judicial del joven, que había intentado revertir su condena alegando, entre otros puntos, la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista por la ley de drogas.
La defensa, a cargo del abogado Jerónimo Ferreira Agüero, centró su estrategia en dos ejes principales: por un lado, sostuvo que la conducta atribuida debía encuadrarse como tentativa y no como delito consumado, ya que la intervención policial impidió que el traslado llegara a destino; por otro, cuestionó la proporcionalidad de la pena y solicitó que se declare la inconstitucionalidad del mínimo legal de cuatro años previsto por el artículo 5 de la Ley 23.737.
Sobre la calificación legal, los jueces consideraron que la defensa no logró demostrar que el hecho quedara en grado de tentativa. Por el contrario, la sentencia valoró pruebas como los mensajes de WhatsApp, en los que el acusado coordinaba la compra y posterior traslado de las planchas de estupefaciente, detallando precios, cantidades y el vuelo que tomaría.
En cuanto al pedido de inconstitucionalidad del mínimo de la pena, la Sala II fue categórica. La defensa argumentó que la sanción resultaba “irrazonable, desproporcionada y contraria a los fines de prevención especial”, invocando la juventud, la falta de antecedentes y el contexto personal y académico de Oyarzo Cortez.
Sin embargo, el tribunal recordó que “la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico”, y que solo procede ante una estricta necesidad, lo que no se verificó en este caso.
La defensa también había solicitado, en subsidio, que se aplique el criterio de “perforar” el mínimo legal y se dicte una condena en suspenso. El tribunal, sin embargo, remarcó que tales excepciones solo proceden en situaciones de injusticia manifiesta o desproporción notoria, circunstancias que no se presentaron en este expediente.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal deja firme la condena a cuatro años de prisión y una multa que el condenado deberá abonar en un plazo de diez días hábiles, una vez que la sentencia quede firme.
Es el ahora conocido como “asentamiento 23 de abril”, sobre el que el juez de jurisdicción dio una orden de desalojo, la que ahora amplió con tiempo de ejecución hasta el 30 de abril. Es una medidia similar a la que se aplica para el caso de La Aldea. La causa en trámite es sobre la usurpación de un predio que era la cancha de futbol de El Chatén.
El día que se vencía el plazo dado por el juzgado la familia dejó el lugar entregando las llaves de su vivienda. Consideran clave el rol del grupo policial de Negociaciones. Ahora resta que el juez ordene el desarme de la casa y entrega de los materiales.
Bajo aviso que se empleará la fuerza policial, una familia de El Chaltén fue notificada que debe dejar de usurpar el terreno en el que instalaron su casa. En el predio funciona una instalación del servicio de agua. La orden fue dada por el juzgado de El Calafate. Interviene el equipo de negociaciones de la Policía.
La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el amparo y medida cautelar ordenada por un juez subrogante de El Calafate a favor del planteo de un grupo de padres y de los propietarios del colegio para que el Gobierno siguiera abonando la subvención que había suspendido meses antes. Desde el Consejo de Educación dicen que quedó en claro que no hay deuda con la empresa Upsala S.A.
El vocal suspendido del Tribunal Superior de Justicia se presentó hoy con su representante, el Dr. Alejandro Ruggero. Hizo uso de su derecho de defensa, contestando a la acusación por su (supuestamente) indebida designación. "Este juicio político resulta equivocado", afirmó Ruggero al asegurar que no es competencia de los diputados. Los legisladores resolvieron volver a reunirse el 14 de noviembre.
Personas que usurpaban tres viviendas se fueron del lugar luego de la intimación judicial. La usurpación había comenzado en febrero. El caso había sido informado por Señal Calafate. Las cabañas quedaron sin artefactos de cocina y calefacción.
El glaciar Exploradores quedó cerrado definitivamente para las excursiones turísticas luego de un último informe que confirma notables cambios por su retroceso. Autoridades notificaron la decisión sobre ese glaciar ubicado en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en la Patagonia de Chile
Son cinco los profesionales de El Calafate que recibieron el tradicional reconocimiento que otorga el Consejo de Médicos de Santa Cruz a quienes cumplen 25 años en la profesión.
Se trata de una convocatoria abierta para este jueves 04 de diciembre a las 17 horas y se replica en diversos puntos de la Argentina, bajo el lema "La Ley de Glaciares no se Toca". La norma fue sancionada en 2010 en busca de preservar el recurso hídrico. El gobierno nacional asegura que su modificación favorecerá las inversiones y la creación de puestos de trabajo.
Con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, se presentó este proyecto que incluye a cuatro jóvenes con discapacidad como empleados. Se firmaron convenios y se realizaron aportes. Destacaron la necesidad de que más empresarios se animen a tomar empleados con discapacidad, aprovechando los programas de beneficios que ofrece el estado. Nota en video.
Es por los descuentos aplicados desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) por los días no trabajados. "Es un robo a la docencia de Santa Cruz", afirman desde el gremio, que se reunió hoy en su Congreso Provincial. Foto: Nuevo Dia