Señal Calafate
El expediente judicial tuvo su origen a partir de una presentación realizada por las máximas autoridades de la Jefatura de Policía de Santa Cruz el 24 julio. La denuncia apunta a investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de efectivos con prestación de servicio en las distintas comisarías y unidades operativas de El Calafate, en el marco de las medidas de fuerzas por el reclamo salarial que duró más de 50 días en toda la provincia de Santa Cruz.
La denuncia de la jefatura provincial realizada en el juzgado de El Calafate se conoció el 25 de julio con una noticia de señalcalafate.com, en las mismas horas que los policías locales votaban levantar las medidas de reclamos salariales, siendo uno de los últimos grupos en hacerlo.
La citación a declarar a los jefes de las dependencias policiales de la localidad fue la primera medida adoptada por el Juzgado de Instrucción de El Calafate.
Durante la ronda de testimoniales, los titulares de las comisarías locales prestaron declaración ante la sede judicial. Según pudo saber este medio, ninguno de los jefes afirmó que se hayan registrado abandonos de servicio ni situaciones que hubieran dejado desprotegida a la comunidad o comprometido el funcionamiento operativo de las dependencias.
Durante el conflicto policial, los efectivos en medida de fuerza informaron varias veces que tareas como el patrullaje preventivo y cuestiones administrativas estaban afectadas por el reclamo.
Una familia que sufrió el robo de una bicicleta había informado que en una comisaría no le tomaron la denuncia por las medidas de fuerza.
Según conoció señalcalafate.com, de las preguntas que el juez y la fiscal realizaron a los oficiales jefes de comisarías, comando de patrulla y cuarteles de bomberos, entre otras dependencias, no surgen declaraciones contundentes para encaminar a los más de 60 policías denunciados a una imputación.
A las declaraciones de los jefes locales se le suma que la denuncia realizada por la jefatura provincial, encabezada por el Comisario General Diego Agüero, no precisa hechos, fechas, ni aporta pruebas.
Sin pedido de imputación ni indagatorias
La investigación en el fuero penal continua, pero sin definiciones concretas. Hasta el momento, la Fiscalía que conduce Natalia Mercado no ha solicitado la imputación formal de ninguno de los efectivos denunciados.
En consecuencia, el juez de la causa no ha citado a ningún policía a prestar declaración indagatoria. La falta de requerimiento fiscal refleja las dudas sobre la existencia de una conducta tipificable como delito, lo que encamina la causa hacia un eventual sobreseimiento o archivo si no existen nuevos elementos de prueba.
En estos días, el juez de la causa, Carlos Albarracín, sigue con la etapa de Instrucción. Al expediente se deben incorporar las copias de las hojas de los libros de guardia donde consta si el personal estaba presente, cumpliendo funciones en los horarios que les correspondía.
La fuga
Si bien mediáticamente la jefatura policial relacionó la denuncia por supuestos incumplimientos de deberes de funcionario público con la fuga de un detenido de la Comisaría 2da, ocurrida durante las medidas de fuerza, el texto de la denuncia no aporta datos sobre ese hecho.
Además, la fuga de Nuñez Servín tiene su propio expediente policial en el que surge que además de ocurrir durante el reclamo policial, la fuga del detenido se dio luego de estar preso en un espacio no acorde y como resultado que los policías en servicio dejaran la puerta con el picaporte puesto.
