Guido Bonelli
Los Diputados Carlos Alegría y Carlos Godoy presentaron un Proyecto de Resolución en la Legislatura de Santa Cruz que refiere a la intención del gobierno nacional de modificar la Ley Nacional N°26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Sostienen que es “urgente” tomar acciones institucionales “ante el inminente avasallamiento que la administración del Presidente Javier Milei pretende ejecutar” sobre es Ley, exponiendo que hay “un plan para ampliar los márgenes de explotación en áreas protegidas de nuestro país”.
En el documento expresan “el más enérgico rechazo a cualquier intento del Poder Ejecutivo Nacional de modificar, derogar o flexibilizar la Ley Nacional N°26.639” y exhortan “al Poder Ejecutivo Nacional a desistir de toda medida que ponga en riesgo la integridad de los glaciares y ambientes periglaciares de la República Argentina”.
También instan “a las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación a defender la plena vigencia de la Ley N°26.639 y a rechazar cualquier intento de alteración de la misma por vías inconstitucionales o contrarias al espíritu de la protección ambiental”.
Además requieren “al Poder Ejecutivo Provincial, asumir un rol activo y determinante en la defensa de la plena vigencia de la Ley N°26.639 y la protección de los glaciares y ambientes periglaciares de Santa Cruz, impulsando con urgencia las gestiones, coordinaciones y acciones legales o administrativas que sean necesarias ante el Gobierno Nacional y todas las instancias pertinentes para garantizar la preservación de nuestro patrimonio natural”.
“Actuar por decreto en una materia tan sensible abre la puerta a la arbitrariedad y sienta un precedente institucional alarmante. Si un presidente puede desarticular una ley de protección ambiental sin pasar por el Congreso, ¿qué impide que mañana se modifiquen otras leyes ambientales, de salud o derechos humanos con el mismo criterio de "necesidad y urgencia"? Una democracia sólida necesita reglas claras, procedimientos abiertos y respeto por el rol de cada poder del Estado. Y una sociedad que mira al futuro necesita leyes ambientales firmes, no sujetas a la voluntad cambiante del Ejecutivo”, agregan los autores del proyecto.
