El vicegobernador de Santa Cruz Fabián Leguizamón fue denunciado por la representante de la minoría del Tribunal de Cuentas, por supuestas irregularidades detectadas en auditorias del 2024. La abogada kirchnerista Karina Saul denunció que hay un daño estatal de 56 millones de pesos. Leguizamón dice que es una operación en su contra y que la presentación está llena de inexactitudes.
Judiciales02/05/2025
Señal Calafate
La Justicia provincial debe analizar si avanza en un proceso contra el vicegobernador de Santa Cruz Fabián Leguizamón, quien fue denunciado por una integrante del Tribunal de Cuentas.
La abogada Karina Saúl, quien representa en el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz a la minoría política (kirchnerismo) firmó una denuncia penal por supuestas irregularidades en la administración de la Cámara de Diputados de esta provincia, la que es conducida por el vicegobernador.
La presentación judicial está basada en auditorias que el Tribunal de Cuentas realizó durante el 2024 a la administración de la legislatura, desde donde se desprenden posibles irregularidades que comprenden la falta de documentación sobre liberación de pagos, uso indebido del Fondo Rotatorio, alquileres a nombre del funcionario electo y el pago de publicidad a medios de comunicación que al momento de la auditoría no contaban con la debida certificación que indica que el cumplimiento de esa pauta publicitaria.
La denuncia pide que se investigue la responsabilidad del vicegobernador Fabián Leguizamón, la Directora de Administración, Natalia Romina Vargas, la Sub directora de Presupuesto Gabriela Córdoba, la Sub Directora de Tesorería Beatriz Díaz la Prosecretaria de la Dirección de Administración María Belén Fernández la Subdirectora de Contaduría Carla Belén.
La denunciante apunta a la posible comisión de delitos de Fraude de la Administración Pública (Articulo 174 del Código Penal), Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público (Articulo 248 del Código Penal), Malversación de Caudales Públicos (Articulo 260 del Código Penal) y Adulteración de Documento Público (Articulo 292 del Código Penal).
Las diferentes irregularidades que señala la vocal del kirchnerismo significarían un daño de 56 millones de pesos para el Estado, según la estimación que fue planteada en el escrito.
Los informes de las auditorias que quedaron plasmados en las resoluciones del Tribunal de Cuentas 338/24, 698/24 y 747/24 se conocieron a a fines del año pasado.
La denuncia de la representante del kirchnerismo en el órgano de control tiene diferentes interpretaciones políticas en un año también electoral por lo que se espera un rápido y eficaz accionar judicial que determine su existió o no delito contra el Estado.
En la mañana de este viernes el vicegobernador emitió un comunicado en sus redes sociales. Primero acusó al diario de Río Gallegos La Opinión Austral de participar de una supuesta operación de prensa en su contra por publicar la noticia.
Luego indicó que la denunciante Saúl, esposa del ex Vicegobernador Pablo González, hizo una denuncia penal "llena de inexactitudes respecto a observaciones de una auditoría anterior que ya fue aclarada, cumpliendo con los requerimientos establecidos".
Leguizamón dijo que se enteró de la denuncia por los medios, y anticipó que la semana que viene brindará una conferencia de prensa con los detalles.
El vcegobernador también agregó: "estamos a la espera que el tribunal de cuentas o la vocal por la minoria denuncie al anterior Vicegobernador, quien retiró en el año 2023, 35 millones de pesos sin rendir cuentas, así como la falta de rendición de los últimos 10 años por parte de los municipios que estuvieron bajo la gestión de intendentes del FVS, sin dejar de mencionar a los Vicegobernadores Pablo González y Cotillo, como también a los funcionarios que fueron responsables del manejo de los fondos en el IDUV y los diversos ministerios bajo la gestión de Alicia Kirchner, que no presentaron sus rendiciones ante el tribunal de cuentas".
El único imputado en la causa por el incendio de la vivienda y el vehículo del oficial de bomberos Mauro Cardozo, fue llamado a indagatoria este lunes, pero se negó no prestar declaración. Se encuentra imputado por "estrago doloso" y la justicia tiene un plazo de diez días para resolver su situación procesal, mientras seguirá detenido, ahora en calidad de "comunicado".
La queja planteada es para que se revise el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó el fallo de primera instancia que suspendió la apertura de un camino que ejecuta la Administración de Parques Nacionales. Para hacer la presentación debieron hacer una colecta para enfrentar el costo económico.
La imputación contra Duniesky Martínez Águila surgió en el marco de otra causa judicial iniciada en 2023. El juez Carlos Alberto Albarracín concluyó que no existió delito y falló a favor del médico, quien no pudo ejercer durante los últimos dos años y fue chofer de turismo, entre otros oficios que realizó para sostenerse.
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