El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal pide que la justicia se ocupe de municipios que retienen aportes de jubilación y obra social a sus empleados, y que no transfieren los fondos. En el mismo sentido el diputado Pedro Luxen, hombre de confianza del mandatario advirtió: "Si la Justicia no entiende que debe acompañar los cambios que necesita la sociedad, será necesario implementar otros cambios"
Política22/01/2025
Señal Calafate
El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal pidió que la justicia provincial actúe en contra de los municipios que retienen las cuotas de obra social y jubilación a sus empleados pero que no transfieren el dinero a las respectivas instituciones.
“Acá hay un claro delito”, dijo el mandatario, explicando que “es una retención indebida y eso no deja de ser un delito. Cada trabajador, a través de su función, recibe un salario, de ese sueldo, automáticamente, el municipio le retiene un aporte que es para la obra social y para la Caja de Previsión Social, pero la patronal se guarda ese aporte y no lo deposita donde corresponde o sea en la caja de jubilación”.
“La justicia debe actuar y dar una respuesta, sobre todo a los trabajadores que son los que realizan el aporte mensual”, opinó el gobernador Vidal cuando habló con medios de prensa en la localidad de Perito Moreno donde el gobierno provincial inauguró una sede del Ministerio de Seguridad.
Horas antes, el diputado provincial, ex ministro de gobierno, y hombre de confianza del gobernador, Pedro Luxen, le dijo al diario La Opinión Austral: "nada se hizo con las denuncias de corrupción que presentó la gestión de Claudio Vidal, y tampoco se actúa cuando los ciudadanos de Santa Cruz reclaman por sus derechos. Si la Justicia no entiende que debe acompañar los cambios que necesita la sociedad, será necesario implementar otros cambios”.
La justicia provincial ya tiene un expediente en trámie cuyo tratamiento no conforma al gobierno. En junio, un grupo de empleados municipales de Río Gallegos demandó a esa municipalidad por la retención indebida de fondos de sus haberes que deberían ser destinados a la obra social de los empleados públicos y a la caja de jubilaciones.
Desde el gobierno provincial sostienen que hay compliciad judicial para que siga existiendo ese delito, y que la muestra es que los funcionarios judiciales que actuan en la causa no avanzan en medidas solicitadas por los denunciantes.
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