Guido Bonelli
Con fecha del 10 de junio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz envió una nota al Gobernador de Santa Cruz, con una serie de solicitudes que dejan en claro la falta de comunicación y de trabajo en conjunto que existe entre el Poder Judicial y Ejecutivo de Santa Cruz.
La misiva lleva la firma de los 5 integrantes del TSJ: El Presidente Daniel Mariani y los 4 vocales: Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta.
En el inicio de la carta, la máxima autoridad de la justicia provincial le solicita al gobernador una audiencia, “ya que nuestra anterior solicitud -de fecha 11de diciembre de 2023- no ha sido respondida”.
También señalan que durante los 6 meses de gestión “se han presentado diversas inquietudes que atañen al funcionamiento de este Poder Judicial y que entendemos que deberían abordarse de manera conjunta. Muchas de ellas con el objeto de optimizar el servicio de justicia”.
En ese sentido, los jueces dicen conocer las declaraciones públicas del gobernador relativas al funcionamiento de la justicia, asegurando que sintieron “gran desconcierto” cuando Claudio Vidal se refirió a la “lentitud del sistema judicial y a un supuesto apartamiento de nuestra función esencial que no es otra que solucionar, de manera imparcial e independiente, conflictos que se presentan entre los individuos o entre éstos y el Estado”.
Además de aclarar que las Leyes no las escribe el Poder Judicial, sino que se limitan a aplicarlas, los integrantes de TSJ agregaron que “tenemos el fuerte deseo de darle la mayor celeridad posible a los procesos judiciales, pero para ello necesitamos leyes que lo permitan y recursos humanos y económicos suficientes”.
En se aspecto le reclaman por “varias iniciativas legislativas que son de interés para este Poder Judicial. En la Cámara de Diputados existe un proyecto de Ley de Mediación, un “mecanismo de resolución de conflictos es más rápido y económico que un proceso judicial y serviría para descomprimir los Juzgados”.
También detallan que “existe, también, un proyecto de Código Procesal Penal -que es tendencia a nivel nacional y ha comenzado a usarse en el Fuero Federal- que modernizaría enormemente el proceso penal provincial y aceleraría sus tiempos”.
En el mismo sentido mencionaron que existen diversos proyectos relativos a la colegiación de los abogados, la cobertura del Juzgado Civil de El Calafate, de la Cámara de Apelaciones Civil de la Segunda Circunscripción Judicial y para el Juzgado Civil de Pico Truncado.-
Por ultimo, el TSJ planteó las “necesidades edilicias del Poder Judicial en miras de lograr un mejor y más eficaz servicio de justicia” y su preocupación “en torno a la modificación de la Ley N° 28, iniciativa que ha partido desde el Poder Ejecutivo y que ha generado un sinnúmero de inquietudes entre los magistrados inferiores y los funcionarios de este Poder Judicial, ya que son ellos los principales destinatarios de la norma”.
