Luego de la aprobación en Diputados, el Gobernador Claudio Vidal firmó el decreto que reglamenta la nueva ley provincial. Establece un circuito administrativo especial para contratos y compras urgentes en Educación, Salud y Desarrollo Social.
Política14/05/2024
Señal Calafate
La ley Nº 3850 de Emergencia Alimentaria y Administrativa de Santa Cruz fue aprobada hace dos semanas en la legislatura provincial luego que el Ejecutivo encontrara acuerdo para su aprobación.
Consiste en que durante tres meses los ministerios de Salud, Desarrollo Social y el Consejo Provincial de Educación puedan sortear pasos administrativos para contrataciones y compras.
Con el decreto 0382/2024 el gobernador Claudio Vidal firmó su reglamentación, con lo que la normativa entra en vigencia, con el seguimiento de una comisión generada en la Cámara de Diputados.
La reglamentación establece las pautas administrativas para la utilización de esa ley, estableciendo que los procedimientos administrativos regidos por la Ley Nº 3850 de Emergencia Alimentaria y Administrativa se iniciarán con un expediente del registro del Consejo Provincial de Educación, Ministerio de Salud y Ambiente y/o Ministerio de Desarrollo Social, según corresponda. Los expedientes deben llevar la carátula “TRÁMITE URGENTE LEY Nº 3850” para que tengan prioridad sobre otros trámites de la administración pública.
Entre otros puntos la reglamentación indica que al momento de elaborar un expediente para contratar un servicio o realizar una compra "se agregarán proformas y/o presupuestos correspondientes a los insumos y/o alimentos a adquirir en un mínimo de dos (2), a los fines de elaborar el presupuesto de adquisición" y que al mismo tiempo se promoverá el estímulo a la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados y determina como no admisible que haya una sola oferta.
Para este tipo de contratos no se exigirá que el prestatario o vendedor figure en el Registro Único de Proveedores del Estado, pero que la firme que resulte ganadora debe inscribirse si no lo está.
También se establece que ante caso de contrataciones directas esta debe ser comunicada en el Boletín oficial o medios masivos de comunicación.
La metodología puede ser aplicada por ejemplo en el caso de los establecimientos educaionales que presentan suspensiones de clases por problemas en sus servicios como electricidad y calefacción, tal cual estpa ocurriendo en El Calafate y que necesitan un tratamiento urgente que por las vías administrativas tradicionales llevan más tiempo y pasos.
Aquí podés conocer el decreto reglamentario completo. 
El Gobierno provincial cuestionó al municipio de El Calafate por mantener fondos en plazos fijos mientras acumula deudas con organismos estatales. Desde el entorno del intendente Javier Belloni respondieron que la Provincia le debe a la ciudad “44 veces más” de lo que reclama.
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La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unión por la Patria), pidió el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea y alertó sobre el impacto ambiental, social y económico de los incendios en la Patagonia. Los gobernadores patagónicos se reunieron ayer en el mismo sentido.
El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán (LLA), se refirió a la situación del Hospital SAMIC de El Calafate y afirmó que la Provincia mantiene una deuda millonaria, mientras acusó al gobierno provincial de “lavarse las manos”. Aseguró que no es intención de la gestión nacional trasladar el SAMIC a la provincia: "Sería un error garrafal".
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La decisión del máximo órgano judicial provincial de otorgarse incrementos salariales anticipados desató un fuerte debate político e institucional. El gobierno provincial, legisladores y gremios cuestionaron el impacto económico y social de la medida, mientras que desde el ámbito judicial se invocan principios de autonomía e independencia de poderes.
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Vecinos de zonas altas de El Calafate denuncian falta de agua y baja presión en el suministro. Desde Servicios Públicos indicaron que no hay fallas en el sistema y la situación se da en el marco de el creciente consumo en los días de calor. Piden uso responsable del recurso y contar con tanques domiciliarios.