Señal Calafate
Cuatro diputados provinciales de Santa Cruz presentaron una acción de amparo ante la Justicia Federal de Río Gallegos para intentar frenar la transferencia de tierras privadas ubicadas dentro del Parque Provincial Península de Magallanes, frente al Glaciar Perito Moreno.
La presentación es impulsada por Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), organización representada por el abogado Fabián Alejandro Toledo.
El objetivo inmediato es impedir que se concrete la operación inmobiliaria autorizada por el gobernador Claudio Vidal mediante el Decreto Provincial 915/2026, que otorgó una excepción para permitir la venta de tierras de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate S.A.U., sociedad argentina cuyo único accionista es una empresa constituida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El amparo no se limita a cuestionar la decisión provincial. Su planteo principal está dirigido contra el Estado Nacional y solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
Los legisladores solicitan que la Justicia dicte una medida cautelar urgente para suspender los efectos del Decreto 915/2026 respecto de la operación cuestionada y evitar que avance cualquier acto destinado a concretar la venta.
El pedido comprende específicamente las parcelas G2 y G3, identificadas con las matrículas dominiales 6548 y 6549, que en conjunto abarcan aproximadamente 21 hectáreas dentro de la Península de Magallanes.
La medida pretende impedir la escrituración, inscripción registral, entrega de posesión y cualquier intervención material relacionada con la ejecución del proyecto turístico sobre esos terrenos, hasta que exista una resolución judicial sobre el fondo de la cuestión.
También se solicita que el Gobierno provincial, el Consejo Agrario Provincial y el Registro de la Propiedad Inmueble sean notificados para que se abstengan de realizar actos que modifiquen la situación jurídica de las parcelas.
Los demandantes argumentan que, si la operación se concreta durante el trámite judicial, podría generarse una situación difícil de revertir ante una eventual sentencia favorable.
Por esa razón, también solicitaron habilitación de días y horas inhábiles para el tratamiento urgente de la medida cautelar.
Uno de los aspectos centrales del amparo es la situación jurídica de la Ley Nacional 26.737, que establecía restricciones a la adquisición de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras.
La norma fue derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, pero esa decisión quedó alcanzada por una controversia judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional la derogación. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó aquella sentencia al considerar que la asociación que promovió la demanda carecía de legitimación para hacerlo.
Un aspecto que destacan los impulsores del nuevo amparo es que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU, sino sobre la posibilidad de que aquella asociación iniciara el proceso judicial.
Los legisladores sostienen que, cuando el Gobierno de Santa Cruz firmó el Decreto 915/2026, el 1 de septiembre, todavía se encontraban operativas las decisiones judiciales que habían restituido la aplicación de la Ley de Tierras Rurales.
A partir de esa interpretación, consideran que la Provincia no podía autorizar la operación prescindiendo de las restricciones que establecía la legislación nacional.
La demanda también señala que aquella ley contemplaba limitaciones específicas para la adquisición extranjera de inmuebles que contienen o son ribereños de determinados cuerpos de agua, una cuestión que los demandantes vinculan con la ubicación de las parcelas en la Península de Magallanes.
Aunque el amparo está dirigido contra el Estado Nacional, una parte importante de sus fundamentos se concentra en el procedimiento administrativo desarrollado por el Gobierno de Santa Cruz.
El Decreto 915/2026 fue firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de ese mes.
Mediante esa decisión, el Ejecutivo provincial exceptuó, por única vez y con carácter extraordinario, la operación inmobiliaria de las restricciones establecidas por el Decreto Provincial 994/2017, que limita la adquisición de tierras por extranjeros dentro de áreas naturales protegidas.
Los demandantes cuestionan la fundamentación de esa excepción y señalan una serie de presuntas irregularidades en la tramitación.
Entre ellas mencionan cambios en la identificación de los inmuebles, observaciones sobre la documentación de la sociedad adquirente y la ausencia de una autorización federal previa que, según sostienen, sería exigible por el régimen de Zonas de Seguridad.
También hacen referencia a la rectificación posterior del decreto, debido a que la identificación original de las tierras no coincidía con las matrículas resultantes de una mensura previamente registrada.
Estos planteos forman parte de los argumentos de la demanda y deberán ser evaluados por la Justicia.
Otro de los elementos incorporados al amparo es una respuesta de la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz, fechada el 7 de octubre de 2026.
Según consta en la presentación judicial, mediante la Nota 687/SEA/2026 el organismo informó que no tuvo intervención, conocimiento ni participación en las actuaciones relativas a la venta de Lacustre del Sud a ASB Hospitality Calafate, ni en la elaboración o aprobación del Decreto 915/2026.
La demanda también señala que la Secretaría no emitió opinión sobre la compatibilidad ambiental de la operación inmobiliaria y del proyecto turístico invocado para justificar la excepción.
La respuesta fue ofrecida como prueba documental junto con el expediente ambiental del emprendimiento.
Este último contiene antecedentes de evaluación ambiental y las disposiciones mediante las cuales se emitió una Declaración de Impacto Ambiental en 2024 y se aprobó definitivamente en 2025.
Por lo tanto, el cuestionamiento de los demandantes no implica que el proyecto carezca de antecedentes ambientales, sino que apunta a la ausencia de intervención específica de la autoridad competente en el procedimiento que autorizó la transferencia y a la necesidad de revisar la compatibilidad del proyecto con las condiciones actuales.
El amparo también incorpora argumentos vinculados con la protección ambiental de la Península de Magallanes y su proximidad con el Parque Nacional Los Glaciares.
Los demandantes recuerdan que el área protegida provincial cumple una función de amortiguación de impactos respecto del parque nacional, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981.
En ese contexto, invocan disposiciones de la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares y el Acuerdo de Escazú, relacionadas con la conservación, el acceso a la información ambiental y la participación pública en decisiones que puedan afectar el ambiente.
También consideran que las características territoriales de la zona y su vinculación con el sistema hídrico del Glaciar Perito Moreno requieren una evaluación rigurosa de las condiciones legales de la transferencia.
La presentación judicial utiliza como uno de sus principales antecedentes el expediente administrativo del Consejo Agrario Provincial referido al denominado Master Plan Ecocentro.
Como viene informando Señal Calafate, ese proyecto fue presentado por Lacustre del Sud en mayo de 2023, durante la gestión de Alicia Kirchner, y contempla un desarrollo turístico que abarca varias parcelas privadas dentro del Parque Provincial Península de Magallanes.
La tramitación específica de la primera etapa sobre la parcela G avanzó durante 2026, bajo la gestión de Claudio Vidal, hasta alcanzar las autorizaciones administrativas y la excepción provincial que posibilita la operación inmobiliaria con ASB Hospitality Calafate.
El expediente completo, que fue remitido por el Consejo Agrario Provincial a la Legislatura luego de un pedido de informes, figura entre las pruebas ofrecidas en la acción judicial.
La intervención de los diputados en la Justicia se produce después de que el tema fuera debatido en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde se solicitaron explicaciones y documentación sobre las condiciones en que se autorizó la venta.
Con esta presentación, la controversia por la Península de Magallanes suma una instancia judicial que involucra tanto decisiones del Gobierno nacional como del Ejecutivo provincial.
La primera cuestión será el tratamiento del pedido cautelar, mediante el cual los demandantes pretenden impedir que se concrete la transferencia mientras se analiza la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La presentación del amparo no implica que la venta haya quedado suspendida. Para que eso ocurra será necesaria una resolución judicial que haga lugar a la medida solicitada.
El planteo abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre el proyecto turístico, la adquisición de tierras por capitales extranjeros y las condiciones legales y ambientales aplicables a un área protegida de especial relevancia para El Calafate y Santa Cruz.
