Señal Calafate
La documentación que dio origen al Decreto 915/2026, mediante el cual el Gobierno de Santa Cruz autorizó de manera excepcional la transferencia de una parcela ubicada en la Península de Magallanes, ya fue presentada ante la Cámara de Diputados. El próximo paso será determinar cuándo el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, concurrirá personalmente a la Legislatura para explicar el contenido del expediente y responder las preguntas de los legisladores.
La entrega de la documentación se concretó este lunes 28 de septiembre. Y Si bien Garay había anunciado su presencia ante diputados, la reunión no terminó de ser coordinada entre las partes, lo que se espera que ocurra esta semana.
El decreto fue firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre. Su texto identifica como antecedente el Expediente CAP N° 495.894/23 y establece una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” a la restricción prevista por el Decreto 994/17 para permitir la operación de venta del inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, destinada al denominado “Master Plan Ecocentro”.
La excepción es al decreto del 20217 que prohíbe la venta de tierras de reservas naturales, fiscales y privadas a capitales extranjeros.
El pedido de información sobre el decreto firmado por el Gobernador Claudio Vida había sido aprobado por unanimidad por los 18 legisladores presentes en la sesión del 24 de septiembre, horas después que se conociera la medida.
Quiénes ya hablaron
Hasta el momento, la discusión tuvo expresiones desde distintos sectores, la mayoría en contra de la autorización y de la posibilidad de un desarrollo turístico en el Parque Provincial Penísnula de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno.
Por el Gobierno provincial, Hugo Garay fue quien asumió públicamente la defensa del procedimiento. Explicó que las tierras son privadas desde la década de 1960 y que el proyecto actual fue adaptado al Plan de Manejo del área protegida. También informó que la propuesta contempla un predio de unas 20 hectáreas, 24 cabañas con una capacidad máxima de 60 camas y un SUM.
Desde el Ejecutivo también remarcan que el expediente del proyecto comenzó a tramitarse en 2023, durante la gestión de Alicia Kirchner y que el proyecto aportará un mercado turístico que aun no tiene El Calafate.
En la Legislatura, a legisladora kirchnerista Agostina Mora planteó la necesidad de analizar la legalidad del decreto y reclamó conocer el expediente completo y la documentación ambiental. El diputado Piero Boffi, perteneciente al sector gobernante Por Santa Cruz, pero que abrió su bloque personal, sostuvo que no se cuestiona la inversión privada en sí misma, pero reclamó que cualquier proyecto se desarrolle dentro de las normas y con la información correspondiente.
Por su parte, el Diputado por el Pueblo de El Calafate, el justicialista con bloque propio, Carlos Alegría, señaló que el decreto generó “más preguntas que respuestas” y recordó que en junio había solicitado información al Consejo Agrario sin obtener respuesta.
Expresiones en El Calafate
Desde El Calafate hay además pronunciamientos de sectores institucionales y empresariales. En el Concejo Deliberante el concejal Leonardo Mardones cuestionó particularmente la no participación de la comunidad en el procedimiento ambiental.
Entre las voces vinculadas históricamente con la defensa ambiental de la Península apareció Oscar Bellini, exguardaparque y exdiputado por El Calafate, impulsor de la creación del Parque Provincial donde se sitúan las tierras en cuestión, quien cuestionó la excepción y planteó incluso que la Provincia analice ejercer su derecho preferente para adquirir las tierras.
ACATEC, la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate, cuestionó la falta de información sobre el proyecto y reclamó conocer su escala, cantidad de camas, proyecto arquitectónico, estudios ambientales, consumo de agua, tratamiento de efluentes, necesidades de infraestructura y cantidad de puestos de trabajo.
ACATEC también informó que ya había presentado el 25 de junio un pedido formal de información ante el Consejo Agrario Provincial y que no había recibido respuesta.
También se pronunció AGUISAC, la Asociación de Guías de Santa Cruz. La entidad expresó su “rechazo y repudio” al decreto y cuestionó que se autorice una operación con capitales extranjeros dentro de un área protegida sin información pública suficiente ni participación previa de la comunidad.
Los guías reclamaron que se publique toda la documentación relacionada con el proyecto y solicitaron que, hasta que eso ocurra, se suspenda cualquier acto u omisión que pueda afectar a la Reserva Provincial Península de Magallanes.
Otra de las instituciones que fijó posición fue la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate. La entidad manifestó un “enérgico y categórico rechazo” al Decreto 915/26 y puso el foco especialmente en el procedimiento utilizado por el Gobierno provincial.
La Cámara recordó que instituciones de El Calafate habían participado en la elaboración del Plan de Manejo de la Península y cuestionó que ahora se avance con una excepción sin una instancia de consulta con la comunidad y con los sectores vinculados al desarrollo turístico. También planteó la necesidad de preservar la seguridad jurídica y de discutir el modelo de desarrollo de la zona con participación del sector privado local.
En el ámbito educativo también apareció una posición. Desde el Centro de Estudios Secundarios Padre Alberto de Agostini se difundió una comunicación firmada por su rectoría en la que se expresó preocupación por el contenido del Decreto 0915/26.
El planteo de docentes y autoridades de la institución apunta principalmente a la necesidad de conocer el expediente completo, el estudio de impacto ambiental y el procedimiento mediante el cual fue realizado y aprobado.
La Fundación SUR Santa Cruz, a través de su presidenta ejecutiva de equipos técnicos, Roxana Reyes, formuló cuestionamientos de carácter jurídico y ambiental. La organización reclamó acceder al expediente completo, conocer los fundamentos de la excepción y pidió suspender los efectos del decreto hasta verificar el cumplimiento de las normas aplicables y garantizar una instancia de participación ciudadana en El Calafate.
De esta manera, el mapa de posiciones que existe hasta ahora muestra distintos niveles de cuestionamiento. Algunas instituciones plantearon un rechazo directo al decreto; otras reclamaron información, participación y evaluación de impacto; mientras que también existen voces del sector turístico que, sin cuestionar necesariamente la llegada de inversiones, reclaman mayor planificación y transparencia para analizar sus efectos sobre el destino.
Lo que todavía falta conocer
Mientras estas instituciones y referentes ya expresaron públicamente sus posiciones, todavía resta conocer qué dirán otros actores que pueden tener intervención o responsabilidad institucional sobre el proyecto.
Entre ellos se encuentran las autoridades municipales del Ejecutivo de El Calafate, los organismos provinciales vinculados específicamente con Turismo y Ambiente, y las autoridades nacionales que tienen competencia sobre áreas próximas al Parque Nacional Los Glaciares.
Descarga el expediente girado a Diputados
