Acusan al Gobierno de hacer jubilaciones compulsivas

Poniendo en práctica una nueva modalidad basada en un decreto provincial, el gobierno provincial jubiló a 27 agentes del Estado que comenzaron sus trámites jubilatorios, entre ellas tres jueces del Superior Tribunal de Justicia.

Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, son consideradas por el Gobierno de Claudio Vidal como jueces kirchneristas y son quienes, junto a Fernando Basanta, resistieron la ampliación a nueve miembros del Tribunal Superior.

Ahora, entre las juezas y el Gobierno provincial hay una nueva controversia. La Caja de Previsión Social determinó su jubilación junto a otras 24 personas, al haber iniciado los trámites. 

La jueza Paula Ludueña, publicó que ninguna de las magistradas preentó su renuncia como para ser jubiladas por la Caja de Previsión Social.

“Ninguna de las tres renunció, solo iniciamos los trámites. Es una jubilación compulsiva”, afirmó Ludueña, quien consideró la medida como una nueva embestida de la gestión Vidal hacia ese sector judicial.

Las jubilaciones de las juezas del máximo órgano judicial fueron aprobadas en una reunión extraordinaria del directorio de la caja de jubilaciones que se realizó el viernes, de la que participaron los representantes del Poder ejecutivo y los de los sectores Pasivo y Activo, estos últimos en desacuerdo.

La discusión

El decreto provincial 608/24 fue firmado por el Gobernador Claudio Vidal como reglamentacion del sistema jubilatorio de la administracion pública santacruceña poniéndo limite a quienes tienen el trámite de jubilación realizado pero siguen trabajando hasta decidir en qué fecha quieren acogerse al beneficio, para lo cual deben presentar su renuncia.

El decreto pone topes de tiempo. Tuvo planteos judiciales como el iniciado por el Vocal de los Activos Cristián Sánchez, quien recordó la vigencia de una medida cautear que impedia la aplicación del decreto pero que ahora quedó vigente por acción de la nueva conformación del Tribunal Superior de Justicia.

Los putos centrales del decreto: 

1. Cuando la CPS concede una jubilación ordinaria, debe notificarse tanto al trabajador como al organismo donde presta servicios.
2. Desde esa notificación, el organismo empleador tiene 30 días para comunicar a la CPS el cese laboral del trabajador.
3. Existe una posibilidad de prórroga excepcional de hasta 180 días, pero no es automática: el organismo empleador debe justificarla mediante un acto administrativo fundado por razones de servicio y hacerlo antes de que venza el plazo de 30 días.
4. Si transcurren los 30 días —o los 180 días de prórroga— sin que se comunique el cese, el decreto establece que el cese opera de pleno derecho, con la baja del trabajador como activo y el comienzo del pago de la jubilación por parte de la CPS.

El jueves 13 de agosto, un día antes de la reunión de la Caja de Previsión Social, la Sala Acusadora de la Legislatura rechazó un pedido de juicio político contra cuatro integrantes del máximo tribunal: Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, realizada por el abogado Sergio Macagno, quien impulsó el anterior juicio al magistrado Basanta, en el quedó absuelto.