
Se agrava el conflicto policial en Santa Cruz
Señal Calafate
Es incierto el conflicto policial y con ello el futuro inmediato de la seguridad en localidades de Santa Cruz. Ayer hubo una nueva reunión del Consejo del Salario en la que el Gobierno hizo su última oferta, la que fue rechaza por la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria, sector conocido como “autoconvocados”
Terminando el día voceros de los efectivos en reclamo informaron a señalcalafate.com que el Gobierno provincial ofreció unl incremento del 13,5% para los meses de junio y julio, seguido de aumentos del 1,5% mensual hasta el mes de agosto y un suplemento no remunerativo de $230.000 para agentes y $210.000 para las jerarquías desde Cabo hasta los Retirados.
La mesa de unidad rechazó la propuesta por considerar que los salarios seguirían por debajo de la canasta básica.
Asimismo, el Gobierno manifestó que, de no aceptar esta propuesta, el sector policial quedará sin aumentos ni incrementos salariales hasta el mes de octubre, dando por cerrada la mesa de negociación.
“Queremos dejar en claro que es el Gobierno quien le da la espalda a la familia policial, ignorando el reclamo legítimo de miles de trabajadores que diariamente arriesgan su vida y continúan percibiendo salarios indignos”, indicó una comunicación de los veceros policiales.
Hace un mes que la Policía de Santa Cruz comenzó con medidas de fuerzas progresivas y que hoy llegan a un acatamiento del más del 95%. Los efectivos no prestan ningún servicio.
Además, los efectivos de seguridad, bomberos y penitenciaría pidieron que los representantes del gobierno aseguraran, con firma de acta, que no habrá sanciones para los efectivos que se acoplan a las medidas de fuerza, lo que fue negado por los representes del Poder Ejecutivo. “A pesar de nuestras exigencias, el Gobierno se negó a firmar el acta de amnistía administrativa, dejando en claro que no hay voluntad de diálogo ni respeto hacia el sector policial”, indicaron.
Para hoy jueves se espera que los policías decidan de qué manera seguirán la medida de fuerza y que el Gobierno dé a conocer su versión de los hechos y consecuentes decisiones.


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