Señal Calafate
Tras el veto total a la ley que proponía elevar del 3 al 5 por ciento las regalías mineras para nuevos proyectos, el Gobierno de Santa Cruz salió a explicar los fundamentos de la decisión adoptada por el Ejecutivo provincial.
La secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello, sostuvo que la medida se basó en observaciones técnicas y jurídicas realizadas sobre el texto sancionado por la Legislatura. Según explicó, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la forma en que la ley definía el momento a partir del cual se generarían las regalías mineras.
De acuerdo con la funcionaria, las regalías se calculan sobre el mineral efectivamente extraído y producido, por lo que consideró incorrecto vincular su cobro con la etapa de construcción de un proyecto minero, tal como establecía la norma aprobada por los diputados.
Otro de los argumentos expuestos por el Gobierno provincial fue que la iniciativa no tendría efectos sobre las minas actualmente en operación. Según indicaron desde el área minera, el incremento de regalías alcanzaría únicamente a proyectos que aún se encuentran en etapas preliminares de desarrollo y que podrían comenzar a producir dentro de varios años.
Además, desde el Ejecutivo señalaron que cualquier modificación en el esquema de regalías debe analizarse considerando el marco legal vigente y el impacto que podría tener sobre futuras inversiones en el sector minero. En ese sentido, remarcaron que se trata de una actividad estratégica para la economía santacruceña y que los cambios normativos requieren evaluaciones técnicas previas.
La ley vetada había sido aprobada por unanimidad en abril y establecía que los nuevos proyectos mineros que ingresaran en etapa de explotación tributarían regalías del 5 por ciento sobre el valor "boca mina", en lugar del 3 por ciento actual. También contemplaba que una parte de esos recursos fuera distribuida entre municipios y comisiones de fomento de toda la provincia.
Ahora la decisión del Ejecutivo deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, que tendrá la posibilidad de aceptar el veto o intentar insistir con la sanción original mediante una mayoría especial de dos tercios de los votos.
