Señal Calafate
El Gobierno de Santa Cruz vetó de manera total la ley que había sido sancionada por unanimidad por la Cámara de Diputados y que proponía elevar del 3 al 5 por ciento las regalías mineras para los nuevos proyectos que ingresen en etapa de explotación.
La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Jara, había sido aprobada el 9 de abril y contemplaba además que dos puntos porcentuales de esas regalías fueran distribuidos entre los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer las finanzas locales y generar mayores recursos para atender demandas sociales y de infraestructura.
Según se conoció a través de la resolución enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, el veto alcanza a la totalidad de la norma.
La medida estaría motivada en que una suba en las regalías podría afectar la llegada de nuevas inversiones mineras en Santa Cruz, especialmente en un contexto donde varios proyectos se encuentran en etapa de exploración y definición para los próximos años.
La ley establecía que el nuevo esquema de regalías se aplicaría únicamente a aquellos emprendimientos que iniciaran la construcción de su etapa de explotación luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.743. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el incremento representaba cerca de un 70 por ciento más de ingresos respecto de lo que actualmente percibe la provincia por este concepto.
Uno de los puntos más destacados de la propuesta era la distribución de parte de esos recursos hacia los municipios. El texto aprobado establecía que el 2 por ciento adicional sería coparticipado de manera equitativa entre todas las localidades y comisiones de fomento de Santa Cruz.
Ahora, el veto será analizado la próxima semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Allí comenzará el debate legislativo para definir si se acepta la decisión del Ejecutivo o si se impulsa una insistencia parlamentaria para sostener la ley.
Para que la norma quede firme pese al veto, los diputados deberán reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos en el recinto, un escenario que anticipa nuevas negociaciones políticas alrededor de uno de los temas económicos más sensibles para la provincia: la distribución de la renta minera y el futuro de las inversiones en el sector.
