Entrevista: “Estamos en una situación muy grave”

María Fernanda García, directora de Educación a Distancia de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) habló con señal calafate sobre la crisis de las universidades, la que se agranda con el no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno Nacional.

De la UARG depende la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía que se sigue en el centro de universidades de El Calafate (CUNEC), la que es cursada por 110 alumnos.

La segunda cohorte inició su cursada en marzo, siendo la carrera con mayor demanda del centro universitario local.

María Fernada García comentó que pese a la crisis, la universidad asegura el desarrollo de esta y demás carreras, manteniendo las características de la casa como es la cercanía entre los docentes y los alumnos y la presencia en el territorio provincial mediante las diferentes unidades académicas.

“Estamos atravesando una situación grave, muy muy grave”, dijo García, una de las docentes que en estas horas habla con los medios de comunicación tratando de explicar por qué es necesario que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento aprobada por el congreso y que tiene orden judicial. “Un ayudante simple está cobrando no más de 200 mil pesos”, puso como ejemplo.

María Fernanda García, docente de la carrera de Trabajo Social, contó que ve un panorama “bastante triste” por el bastardeo del trabajo universitario.

También narró que los docentes universitarios se plantean personalmente cómo mantenerse en el ámbito y como sostener el sistema de la universidad pública como herramienta que asegura derechos sociales como la educación y la posibilidad que personas accedan a una profesionalización para poder contar con mayores posibilidades de vida.

La ley de financiamiento

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 pero está sin aplicación.

El presidente Javier Milei la vetó pero este decreto fue rechazado pot las cámaras legislativas, por lo que quedó sancionada.

Si bien la ley fue promulgada el Gobierno suspendió su ejecución argumentando que no tiene fuentes de financiamiento definidas.

El Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo que tuvo eco en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Federal confirmando la cautelar que exige la aplicación inmediata de la norma, lo que fue apelado por la administración nacional.